Luenzo, parlamentario por Chubut, sostuvo que “ante la difícil situación sanitaria, económica y social producto de la pandemia y tras la fuerte recesión que dejó el gobierno anterior, hay una ineludible necesidad de brindar una herramienta al ciudadano para reestructurar su deuda corriente con la tarjeta de crédito”.

“Al mismo tiempo, queremos acompañar a los comercios que han incorporado muchas herramientas de pago electrónico en estos meses fijando una comisión que no sea mayor al 1,5% en caso de crédito y de 0,5% para el débito. También agilizar la acreditación de los importes correspondientes a las ventas realizadas en un solo pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y de débito al siguiente día hábil de la operación”, explicó.

Por otro lado, el proyecto establece la obligación de todo proveedor de bienes y servicios, en relaciones de consumo, a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto cuando tal diferenciación -a través de promociones o descuentos específicos- sea efectivamente favorable al consumidor o usuario, debiendo exhibir el precio expresado en moneda de curso legal, de contado y correspondiendo al importe total y final que deba abonar el consumidor final.

Respecto a la situación del endeudamiento de las familias, la iniciativa propone un esquema de refinanciación usando un concepto de esfuerzo compartido entre el acreedor y el deudor. “Se trata de compartir los costos. Necesitamos que los bancos acompañen en este momento después de las ganancias que han registrado muy por encima de la devaluación y la inflación”, indicó el legislador sobre ello. Con este objetivo, la norma habilitará al Banco Central de República Argentina a realizar una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de las deudas consolidadas por financiamiento con tarjeta de crédito, sus consecuencias sociales y económicas para “aliviar la presión financiera” sobre las unidades familiares.

En ese sentido, Luenzo explicó que “en el cierre del año anterior y antes de la emergencia sanitaria, las familias argentinas le debían a los bancos el equivalente a 3.200 millones de dólares al cambio actual. Todo ese volumen de endeudamiento tiene que ver con un esquema de tasas, punitorios y comisiones desregulados por el gobierno de Cambiemos que llevó a la bancarrota a gran parte de la clase media”, aseguró.

“Hace 2 años que las familias usan el plástico para llegar a las necesidad básicas pero parece que los bancos no se han enterado. Esto ha ocurrido en virtud del descalabro y el desorden del mercado financiero que provocó el modelo económico anterior y que llevó al núcleo familiar a refugiarse en el uso de los plásticos para la compra de los alimentos, el pago de servicios básicos como la luz, agua y gas”.

“Y cuando ya no podían hacer frente al pago de la totalidad del resumen por cualquiera de los motivos que conocemos como fue la suba del costo de vida, la pérdida de ingresos o incluso del puesto de trabajo, era allí donde terminaban cayendo en una refinanciación a tasas y punitorios usureros que incluso treparon a un costo anual del 230%. Se termina en un crecimiento exponencial del endeudamiento”, resaltó.

Luenzo fue enfático al señalar que “este problema con las tarjetas se lo planteamos desde 2016 al gobierno anterior mediante un proyecto de ley que presenté y que en el senado le dimos media sanción”. Por eso, aclaró que “este nuevo proyecto toma como antecedente esa iniciativa y hemos incorporado muchas nuevas herramientas y tipificaciones que nacieron del intercambio que mantuvimos en el Congreso”.

Por ende, el proyecto busca “generar competencia en el mercado de las tarjetas de crédito que está concentrado”, y que “por lo tanto genera imposiciones de condiciones tanto a los clientes como también a los comercios a partir de la posición dominante”, según reflejó Parlamentario.com.