La iniciativa impulsada por el oficialismo, que ya cuenta con media sanción del Senado, respondió a la convocatoria realizada por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. Se espera idéntico clima en la segunda jornada de este jueves, que incluirá exposiciones presenciales, virtuales y otras ya incorporadas al expediente en proceso, en formato digital.
Un punto focal de conflicto fue la imposibilidad que expongan casi 200 de los más de 102 mil inscriptos, con 4 minutos por orador. El legislador Nicolás Mayoraz –presidente de Asuntos Constitucionales- aclaró: “aquellos que creen que la audiencia pública es la única manera que tienen para que los diputados los escuchen, están en un error. Todos pueden ver después todo el material. Todas las exposiciones van a formar parte del expediente”.
Sobre los oradores, se escucharon diversos rechazos a la iniciativa impulsada por el oficialismo. César Rolando Flores de la organización Resistencia Diaguita (Catamarca) aseveró: “podrán dictar todas las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar”, mientras que Marcelo Arteaga, petrolero de Comodoro Rivadavia (Chubut), enfatizó: "buscando agua encontraron petróleo; se llevaron todo el petróleo y nos dejaron el pasivo ambiental. Hoy el litro de agua cuesta más que el combustible; en mi pueblo, de 7 días, 4 tenemos agua".
La secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, expuso su rechazo a la reforma de la ley, mientras que el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández se expresó a favor de la modificación. A su turno, el ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera, exintegrante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, indicó que el ambiente periglacial directamente no está definido en la ley y que “es abstracto jurídicamente".
Repasó que "el IANIGLA viene inventariando glaciares en el ambiente glaciar y glaciares de escombro en el ambiente periglacial, no otra cosa que no tiene función hídrica", y que, desde la sanción de la actual ley, en 2010, "solo se llevó a cabo el nivel I del Inventario, que en realidad es el único necesario", el cual "está muy bien hecho” pero es preliminar “y debe ser revisado por los habitantes” de las provincias.
Para la exdiputada Marta Maffei (autora de la ley original), el proyecto en análisis es "absolutamente regresivo", mientras que Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) aseveró que "el agua no es una mercancía, es un derecho y este derecho se le quiere quitar al pueblo" y que hay una "presión del gobierno de los Estados Unidos de imponer esta ley".
A su turno, Juan Nápoli (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) sostuvo que el proyecto "es claramente inconstitucional", que "cuando esto se ponga en marcha ya no va a haber presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad, porque las provincias van a poder establecer lo que les parezca"; que "este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, no para la población" y que "la Ley de Glaciares no necesita ni modificarse, ni interpretarse, necesita ser cumplida".
Para Diego Salas (Greenpeace Argentina), “no hay federalismo más grande que respetar la Ley de Glaciares que asegura las reservas de agua dulce estratégicas” y “quieren pasar un criterio científico a un criterio político”. En tanto, la exsenadora Eugenia Catalfamo (autora de la Ley Yolanda) manifestó que el Estado “no puede bajo ningún aspecto tomar decisiones estratégicas si no tiene formación, ni conocimiento, ni responsabilidad intergeneracional” y se dirigió a los diputados: "espero que le digan no a la modificación de la Ley de Glaciares porque nos va a perjudicar".
En contrario, Fernando Godoy Carrizo, presidente de Caprimsa (Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan) precisó que la Ley de Glaciares es fundamental para que haya responsabilidad institucional, que los glaciares no están en discusión y que “las reservas estratégicas de agua dulce no se deben tocar”, pero consideró: “sí podemos mejorar la ley y podemos darles seguridad a las inversiones”.
