En primer término, Mauricio Alejandro Martín por YPF S.A., Midstream y Downstream, consideró que el actual marco legal generó un “funcionamiento ineficiente del mercado” y se requiere evolucionar hacia un esquema amplio, más eficiente y competitivo. Marcó la importancia de “incluir a los refinadores”, ponderar “el co-procesamiento en refinería” y atender desafíos en la comercialización.

Agregó que los cortes obligatorios deben responder a criterios técnicos de calidad y seguridad en el abastecimiento y que “ir por encima del corte del 10% del biodiesel no es técnicamente viable según las automotrices”. Surtidores con cortes diferenciados en un mismo punto de venta implica para Martín inversiones adicionales y complejidades operativas que deberían contemplarse en la nueva ley y “en condiciones de igualdad” con los biocombustibles tradicionales.

Apoyó además el proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich, por representar “de forma agregada el mayor equilibrio entre la demanda de biocombustibles y demás actores de valor”.

Por su parte, Claudio Alejandro Molina, analista de energías renovables y ferrocarriles, abogó por "tratar de terminar con las grietas entre regiones” y pidió profundizar en este análisis asumiendo que “no se puede llevar a la destrucción de empresas que generan empleo sostenible”.

Consideró clave poner “topes de participación por grupo económico” para evitar la concentración del negocio, así como “precios tope” que contemplen el trabajo nacional y extranjero y programas provinciales, entre otros puntos.  

En contrario, Tomás Lorda de ENRESA de La Pampa, demandó que “cualquiera de los proyectos” en análisis aluden a “cómo destruir al sector Pymes que el mismo Estado construyó para pasarlo a manos de otro” y “quedarnos con el negocio”, repasando que en la versión inicial “los grandes actores estaban para la exportación y para el mercado interno estaban las PyMES”.

Instó a elevar el corte al 12%, que se compita en tres segmentos diferentes entre empresas con características similares, modificar la ley “construyendo sobre lo que ya está hecho y no destruyendo las decisiones que las empresas tomaron 4 años atrás”, considerar la “seguridad jurídica” y equiparar el tratamiento de biodiésel y bioetanol.

A su turno, Ricardo Marra puntualizó que para la Bolsa de Cereales sería propicio elevar el corte obligatorio en un 15% y aplicar un "esquema de libre competencia que permita la participación de todos los actores del sector, sin restricción vinculada al tipo y tamaño de empresa".

Otro de los oradores fue Javier Cervio de la Bolsa de Comercio de Rosario. La entidad viene reflejando las oportunidades del sector y la capacidad ociosa en la producción de biodiesel, donde en promedio 3 de cada 4 toneladas que el país podría producir no se están fabricando. De hecho, mencionó que en el primer cuatrimestre de este año sólo se exportaron 30.360 toneladas, el registro más bajo desde el 2008 donde comenzó la producción de biodiesel en Argentina.

Participaron también voceros del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Dosbio S.A., Essential Energy Holding, FECRA - Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, CECHA - Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina; y FECRA, Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina.

Tras opiniones a favor y en contra de una nueva ley, desde el Senado se anticipó la continuidad de reuniones para obtener un dictamen enriquecido durante este ejercicio.

“Desde el NOA defendemos una mayor participación del bioetanol en las naftas, eso significa más producción en 9 provincias, más empleo y más valor agregado para nuestras economías regionales”, precisó finalmente la senadora por Jujuy Carolina Moisés.