En medio de movilizaciones de rechazo e incidentes alrededor del Congreso, uno de los principales ejes de debate se centró en la ley de Manejo del Fuego y la fuerte resistencia de fuerzas provinciales. Así, se eliminó el capítulo que proponía levantar la prohibición de disponer de predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por siniestros.

Ello, luego que en esta misma semana el oficialismo “resignó” modificar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras, sabiendo de antemano la falta de apoyo de diversos segmentos parlamentarios al capítulo de extranjerización.

Sin embargo, se avanzó en la regulación para acelerar los desalojos y en cambiar los requisitos para la expropiación estatal de bienes: según la votación, dichos cambios regirán en CABA y en predios de jurisdicción nacional, en consonancia con lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En cuanto a las votaciones, los representantes por Jujuy pertenecientes a La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, votaron positivamente por el proyecto, mientras que la legisladora Carolina Moisés (PJ – Convicción Federal) votó en contra.

Particularidades de la norma

Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo - urbanos y rurales- se tramitarán por juicio sumarísimo, con la posibilidad que un propietario solicite la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio, con un plazo de 10 días hábiles para cumplir con este cometido. Por petición de la oposición, se acordó en el recinto que el juez interviniente otorgue obligatoriamente la participación de organismos pertinentes en caso de tratarse de viviendas con deudas de alquiler que incluyan a menores de edad o personas con discapacidad, con un plazo de 10 días para asegurar alternativas habitacionales.

Por otra parte, diputados aprobaron la expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad. Para la declaración de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.

La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.

Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.

También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen, según informó La Nación.

La discusión

En su carácter de miembro informante del dictamen de mayoría, el senador Agustín Coto (LLA) detalló las modificaciones incorporadas al proyecto, incluida la eliminación del Capítulo III sobre extranjerización de tierras y puntualizó que: "El capítulo primero de la iniciativa que traemos a consideración propone una interpretación más restrictiva de la utilidad pública y que sea debidamente justificada, para que la expropiación no se entienda desde una perspectiva de conveniencia administrativa, sino que busque restringir la interpretación del funcionario que inicia el proceso". Asimismo, aclaró que el Estado puede realizar expropiaciones y afirmó que "el propósito es reducir o eliminar la afectación eventual al patrimonio y al capital del individuo y disminuir la litigiosidad".

En relación con el capítulo referido a los desalojos, explicó que su objetivo es agilizar los procesos judiciales y dotar a la Justicia de herramientas con las que actualmente no cuenta. Respecto de las modificaciones vinculadas al manejo del fuego, sostuvo que "lo que se busca es que quien haya sufrido daños en su propiedad como consecuencia de un incendio no sea doblemente castigado". No obstante, aclaró que la iniciativa no procura beneficiar a quien cometa un ilícito, ya que deberá responder penalmente por sus actos. Finalmente, al referirse al Capítulo V, relativo al Registro de la Propiedad Inmueble, indicó que la propuesta apunta a actualizar los procedimientos y herramientas de registración mediante un proceso de modernización y digitalización.

Agregó que el proyecto expresa "la voluntad de desburocratizar, simplificar y hacer los trámites más veloces; que quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello; que la propiedad privada, consagrada en nuestra Constitución, no sea vulnerada; y que el Estado entienda que su intervención debe estar orientada a tutelar y defender ese derecho, y no a intervenir ni avasallarlo".

En este marco, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) cuestionó que el proyecto no garantice la defensa de la soberanía política ni la protección de las tierras frente a la especulación inmobiliaria, rechazando además el capítulo referido al manejo del fuego. Su par José Mayans se refirió a las empresas extranjeras que adquieren grandes extensiones del territorio nacional y advirtió que "hoy tienen el 5%, que es equivalente a 13 millones de hectáreas, y son terrenos que son estratégicos para el país". Además, afirmó que "esta ley que están reformando es para proteger el robo de los bienes y empresas del Estado" y calificó como "violatoria de la Constitución" la ley de manejo del fuego.

En contraposición, la senadora Patricia Bullrich (LLA) sostuvo que discursos opositores "vuelven hacia atrás a la Argentina 60 años" y afirmó que el oficialismo busca "corregir cosas que hicieron ellos durante muchos años en este país". Al referirse a las usurpaciones de terrenos por parte de movimientos sociales y políticos, señaló que "fue fácil quedarse con lo ajeno y no recuperar lo propio" y agregó que "el gobierno de ese momento miraba para otro lado y durante mucho tiempo se premió al delincuente, al que incumplía; esto es lo que venimos a terminar y ahora los argentinos van a tener justicia".

Tras casi 12 horas de debate, el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada obtuvo la media sanción del Senado con 37 votos afirmativos y 33 negativos. La votación en particular se realizó por capítulos, con modificaciones en algunos artículos, que fueron aprobados. Luego de su paso por la Cámara Alta, la iniciativa es girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.