La iniciativa del Frente de Todos - PJ busca crear el "Banco de Semillas" de la Provincia, con el fin de preservar, recolectar, investigar y producir las especies nativas y silvestres que crecen en el territorio jujeño.

Así lo informó el legislador Martín Fellner a Jujuy Económico. El proyecto, girado a la Comisión de Ambiente, prevé en su tratamiento la realización de visitas de campo, camino hacia su eventual aprobación.

Entre los fundamentos, se menciona un contexto de preocupación global, donde "la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que durante el siglo XX se perdió el 75% de la diversidad de los cultivos en el mundo, y que actualmente dos de cada cinco plantas están en peligro de extinción por el cambio climático, la pérdida de hábitat y la demanda farmacéutica".

"2 de cada 5 plantas del mundo están en riesgo de extinción".

El texto propone que la nueva institución no sea un simple depósito de material vegetal, sino un organismo activo con amplias funciones: desde desarrollar protocolos de almacenamiento y distribución, hasta proveer semillas a viveros forestales, asistir a municipios y comunas en planes locales de manejo, y acompañar proyectos socio-educativos de recuperación forestal en zonas urbanas y rurales.

El proyecto, según Fellner, complementaría el trabajo que ya realiza el Banco de Germoplasma de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), que actualmente se concentra casi de manera exclusiva en la conservación de quinoa y maíz. La nueva propuesta apunta a ampliar ese universo, incorporando una mayor variedad de especies nativas y silvestres, y actuando además como proveedor de semillas mejoradas para incrementar la superficie cultivada en regiones estratégicas de la provincia.

"El resguardo estratégico de diversas variedades de semillas nativas y silvestres y el reparto equitativo de éstas serán las guías de este banco".

Para garantizar una gestión multisectorial, se propone crear un Consejo Asesor integrado por representantes de la UNJu, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sus miembros actuarán de forma honoraria. Además, se prevé la participación de pequeños productores, agricultores familiares y comunidades originarias, con el fin de que las decisiones institucionales reflejen el saber local y el conocimiento ancestral del territorio.

Impacto económico

Para Fellner, la iniciativa puede significar un impulso concreto para la producción agropecuaria regional: al proveer semillas de calidad y variedades adaptadas a la geografía jujeña -desde la Puna hasta los Yungas- se proyecta aumentar la superficie cultivada en distintas regiones estratégicas. La creación y fortalecimiento de viveros comunitarios municipales también abre una oportunidad de desarrollo local descentralizado.

A su entender, el proyecto encuentra sustento en un sólido andamiaje normativo internacional. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), el Protocolo de Nagoya (2010) y el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura -ratificado en Argentina en 2015- forman el marco jurídico que avala y promueve este tipo de legislaciones locales. A nivel nacional, los artículos 41 y 124 de la Constitución establecen tanto el deber de preservar la biodiversidad como el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

Antecedentes

Otras provincias ya recorrieron este camino. Córdoba cuenta desde 2019 con un banco de semillas nativas que conserva especies como el molle, el quebracho blanco y el algarrobo, y cuya labor fue destacada por organismos internacionales de conservación. En Corrientes se impulsa la ampliación legislativa de un banco universitario existente, mientras que Bahía Blanca inauguró en 2023 una instalación de 100 metros cuadrados equipada con cámaras de germinación y frío, freezers y estaciones meteorológicas. Así lo precisó el legislador.

Finalmente, se propone como autoridad de aplicación de la ley el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, con reglamentación en un plazo de 90 días desde su eventual aprobación. "El banco deberá publicar anualmente un informe de gestión de acceso público, con información sobre colecciones, investigaciones, intercambios y el impacto de sus programas", cierra la propuesta.