La implementación de nuevas restricciones desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el tráfico vecinal fronterizo generó una fuerte preocupación entre comerciantes y trabajadores de la ciudad quiaqueña. La medida, destinada a reforzar los controles sobre el egreso de mercaderías del país, afecta una actividad económica profundamente arraigada en esta región provincial y de la que dependen miles de familias, según voceros del sector.

Uno de los referentes que expuso el impacto negativo de estas nuevas restricciones fue el presidente de la Cámara de Comercio de La Quiaca, Walter Cadena. En diálogo con Jujuy247, advirtió que las disposiciones nacionales podrían tener consecuencias significativas sobre el empleo, el comercio minorista y numerosos servicios vinculados al intercambio de productos entre Argentina y Bolivia.

Según explicó, la preocupación no se limita a los propietarios de los establecimientos comerciales, sino que alcanza a una extensa cadena de trabajadores que participan diariamente en el movimiento de mercaderías a través de la frontera.

Restricciones sobre productos de consumo habitual

La nueva normativa establece condiciones más estrictas para el traslado de determinados productos bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo, utilizado por habitantes de las localidades próximas a los pasos internacionales.

Entre las mercaderías alcanzadas se encuentran granos como trigo, soja y maíz, además de productos acondicionados en envases de gran tamaño, habituales en las operaciones comerciales de la zona. Las restricciones comprenden envases iguales o superiores a 10 kilogramos, o su equivalente en volumen.

Cadena explicó que estas disposiciones afectan especialmente a los comerciantes que trabajan con bolsas de harina "o todo lo que es presentación de 25 a 50 kilos", arroz, alimentos para mascotas y otros artículos de consumo cotidiano.

El problema, según el sector comercial, radica en que buena parte de las operaciones tradicionales de La Quiaca se realiza con mercaderías en presentaciones que ahora encuentran mayores limitaciones para atravesar la frontera mediante el régimen simplificado.

No obstante, las restricciones corresponden específicamente al tráfico vecinal fronterizo y no implican una prohibición general de exportar esos productos mediante los procedimientos aduaneros habilitados para operaciones comerciales.

Hasta 4.000 familias vinculadas a la actividad fronteriza

Uno de los principales cuestionamientos de la Cámara de Comercio está relacionado con el alcance social de la medida sobre una de las principales actividades económicas de La Quiaca, sostenida por una red de trabajadores independientes, transportistas y prestadores de servicios.

“Lo más delicado de esta resolución es que afecta indirectamente a todos los trabajadores que dependen del comercio. Son los carritos de mano, los activadores, los taxi-fleteros, los pasadores”.

Según el dirigente, entre 3.500 y 4.000 familias dependen directa o indirectamente del movimiento comercial fronterizo.

La actividad, según recalcaron voceros del rubro, también involucra a vendedores ambulantes, elaboradores de comidas y bebidas, empleados comerciales, propietarios de depósitos y personas que obtienen ingresos mediante el alquiler de locales.

Cadena remarcó que estas formas de trabajo responden a características económicas particulares de las ciudades fronterizas, donde el intercambio cotidiano entre poblaciones de ambos países forma parte de una dinámica histórica: “Son economías regionales que persisten de antaño en nuestra frontera y que la gente de acá vive de esa forma”.

El dirigente describió además la importancia del movimiento diario de personas y mercaderías, especialmente durante las primeras horas de la jornada, cuando se concentra buena parte de la actividad comercial vinculada al paso internacional.

Preocupación por el empleo y el futuro de los pequeños comerciantes

La Cámara de Comercio considera que las restricciones pueden provocar una disminución del movimiento económico y afectar tanto a los negocios establecidos como a quienes desarrollan actividades complementarias.

Cadena advirtió que una reducción significativa del intercambio podría trasladarse rápidamente al empleo y al consumo local.

“Acá estamos hablando de que 3.500 familias van a quedar sin trabajo. Es grave la situación para nosotros, gravísima la situación para nosotros, y tenemos que ver la forma de buscar la solución”.

Desde ese ámbito advirtieron a Jujuy Económico sobre un escenario de pérdida de ingresos y fuentes laborales, aunque todavía no existe una cuantificación comprobada de puestos de trabajo afectados: al exceder a los comerciantes, se habla de un gran perjuicio a toda la estructura económica que se desarrolla alrededor de la frontera.

Ante este escenario, trascendió además que la Cámara de Comercio inició gestiones institucionales para plantear el impacto de la normativa y buscar alternativas que permitan sostener la actividad económica local. Por un lado, peticionando una audiencia con autoridades provinciales, y por el otro, analizando trasladarse a Buenos Aires para mantener reuniones con autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas y de ARCA.

La problemática implicaría además idénticas preocupaciones y acciones en otras localidades fronterizas, entre ellas Aguas Blancas y Salvador Mazza (Salta).

Como parte de las acciones de protesta, los comerciantes de La Quiaca convocaron a una movilización pacífica para el próximo jueves 22 de octubre.

La concentración está prevista para las 10.30 en la intersección de las calles Árabe Siria y Bolívar, para dirigirse luego hacia las instalaciones aduaneras y el Puente Internacional que conecta La Quiaca con Villazón.

El desafío de compatibilizar los controles aduaneros con la economía local

El conflicto expone una tensión entre los objetivos de fiscalización del Estado nacional y las particularidades económicas de las comunidades fronterizas.

Mientras las nuevas disposiciones buscan impedir que operaciones comerciales se canalicen mediante un régimen previsto para necesidades de consumo vecinal, los comerciantes sostienen que su aplicación puede alterar una dinámica de intercambio de la que dependen numerosas actividades laborales.

La movilización del jueves, las gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales marcarán los próximos pasos de un conflicto que mantiene en alerta a buena parte del sector comercial de La Quiaca.