La modificación quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial, que reemplazó dos artículos del Decreto 282/2026.
La nueva norma alcanza tanto al material rodante que sea vendido mediante remate público como a las formaciones que sean incluidas en los futuros contratos de concesión de las vías.
Según los fundamentos del decreto, el Gobierno busca que el dinero obtenido por la venta de los trenes pueda utilizarse de manera más directa y ágil para las obras ferroviarias. La decisión se enmarca en el proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística, autorizado por el Gobierno a través de un esquema de desintegración vertical. El modelo contempla separar las distintas actividades y bienes de la empresa: el material rodante será vendido, mientras que las vías y los inmuebles vinculados quedarán comprendidos en contratos de concesión de obra pública.
El Ejecutivo argumentó que el mecanismo anterior podía demorar el financiamiento de las obras debido a que los recursos ingresaban a un fideicomiso de objeto múltiple, que también recibe fondos provenientes de otras fuentes
Frente a ello, el nuevo esquema busca que el dinero generado por la venta de los trenes tenga un destino exclusivo y pueda ser aplicado específicamente al cumplimiento de las obras previstas en las concesiones.
Cómo funcionará
El Decreto 718/2026 establece que, con el cambio, el dinero obtenido por la venta de los trenes incluidos en los contratos de concesión de vías, serán enviados a un fideicomiso que deberá determinar el Ministerio de Economía. La normativa sostiene que ese fideicomiso tendrá "destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios".
De esta manera, los recursos provenientes de la venta del material rodante quedarán afectados específicamente a la infraestructura ferroviaria vinculada con las futuras concesiones. La cartera que conduce Luis Caputo también quedó facultada para implementar el mecanismo. Entre otras tareas, deberá asignar los recursos al fideicomiso, suscribir el contrato correspondiente y establecer las normas operativas necesarias para su funcionamiento.
Además, Economía deberá determinar el precio de venta del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión. Como referencia mínima deberá utilizarse la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación durante el proceso de privatización. El Gobierno justificó la modificación en la necesidad de darle "eficiencia y celeridad" al mecanismo de financiamiento y el nuevo esquema entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
