Tras un extenso debate en el recinto, en la Cámara Alta se logró la media sanción de la nueva ley, en general con 41 votos a favor y 25 en contra, y en particular con modificaciones previamente consensuadas entre el oficialismo y la oposición dialoguista.

Con una vigencia de 15 años, el nuevo régimen de biocombustibles (que deja atrás el marco sancionado en 2021 y vigente hasta 2030) habilita a empresas no integradas a ser parte de un grupo económico que podrá competir dentro del segmento abierto del mercado. Ello, con la liberación del 3% reservado para las empresas que no integren esos grupos. Cada entendimiento contemplará el diferencial por distancia, con el fin de contemplar las desventajas de plantas localizadas en el interior, frente a las grandes empresas integradas.

El corte obligatorio de biodiésel para gasoil del 5%(vigente) pasará al 7,5%, fijando el incremento en 10% un año después de la sanción. El corte de bioetanol para naftas, se mantendrá en un 12% y luego de un año desde la promulgación ley, alcanzará el 15%.

El porcentaje de las empresas no integradas se reducirá al 5,5% en el 2029; al 5% en el 2030; y al 3% en el 2031. Desde el 2032, el 7% se podrá comercializar entre todas las firmas. Asimismo, las empresas no integradas tendrán un piso mínimo del 4%, a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036, asegurando una porción del mercado.

La Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación, quien podrá “modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones comprobadas de escasez que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad”. Al respecto, ninguna reducción excepcional podrá extenderse por un plazo mayor a 90 días.

Agrega que, a los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente. Al mismo tiempo, se faculta a las provincias y la Ciudad a “establecer regímenes de fomento propios habilitando nuevas bocas de expendio que favorezcan la comercialización de manera opcional e incremental de cortes superiores a los mínimos obligatorios”.

Si bien permite la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio (en casos de faltante de oferta para llegar al corte obligatorio), aclara que los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria deberán provenir de “plantas habilitadas instaladas en la República Argentina y a partir de materias primas de origen nacional”.

Establece además un sistema de subastas en un Mercado Electrónico que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, “operado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos, agropecuarios, financieros u otros, y bajo estándares internacionales de comercio”.

De este modo, el texto final difiere del propuesto por el bloque oficial, ya que incluyeron aportes de proyectos que esperaban desde el año pasado su tratamiento. De hecho, la ley tenía como antecedentes las iniciativas de representantes de diferentes regiones del país: Patricia Bullrich; Alejandra Vigo y Carlos Espínola (promovido además por la senadora por Jujuy Carolina Moisés); Flavia Royón; Beatriz Ávila; José Carambia y Natalia Gadano; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y Jorge Capitanich.

“Santa Fe tiene una realidad; Córdoba tiene otra realidad; Tucumán, Salta y Jujuy tienen la suya; Buenos Aires, La Pampa y San Luis también tienen otras particularidades y era lógico que cada provincia defendiera su sector. Pero el trabajo del Senado no consiste en negar esas diferencias. Construir esta ley nacional es a partir de ellas, por eso este dictamen fue cambiando”, dijo al respecto la senadora Patricia Bullrich.

Esquema más regulado y transición más larga

La senadora salteña Flavia Royón, marcó que la sanción de esta nueva ley significa “un paso adelante para el futuro energético productivo y federal de nuestro país”. Como miembro informante del dictamen, precisó la propuesta de “preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.

“Vamos a pasar de un esquema mucho más regulado, donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema más mercado, porque levanta los cortes, y a un esquema más competitivo, donde sean el mercado y la competitividad las que fijen los precios”.

En tanto, la senadora Patricia Bullrich afirmó: “en el bioetanol estamos dando un salto concreto, pero no hay un aumento de precio porque tiene el mismo precio que el combustible fósil. En consecuencia, ahí el corte obligatorio, que es del 12%, va a pasar al 15%, y protegeremos la diversidad productiva que construyó esta industria y que no le aumenta el combustible al consumidor”.

“Estamos planteando una transición mucho más larga: estamos hablando de 2036. Después el resto del mercado se va a ir abriendo a una transición libre. No estamos diciéndole a una PyME que mañana se arregle sola: le estamos dando tiempo, volumen, previsibilidad, para competir en el mercado que viene”.

Finalmente, la senadora Carolina Moisés, quien vino repasando la labor encarada junto a la La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Liga de Provincias Bioenergéticas para la sanción de una nueva ley, aseveró: "hablaron de la Vaca Muerta, nosotros queremos decirles a las argentinas y argentinos que tenemos que mirar nuestra Vaca Viva que nace, crece y se produce y renueva año tras año".

"Necesitamos transformar la producción en energía, la energía en valor agregado donde se produce y genera empleo, donde se hace federalismo de verdad", concluyó. 

Ahora, la agenda pasa a la Cámara Baja, donde los Diputados deberán finalizar el proceso para la implementación de este nuevo régimen en Argentina.