El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que propone modificar más de veinte leyes y decretos. La iniciativa incorpora la tokenización de activos, nuevas garantías digitales, cambios en pagarés, cheques y fondos de inversión, y herramientas para facilitar el financiamiento de empresas, productores y PyMEs.
El Gobierno nacional presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una reforma integral de 240 artículos que busca transformar el funcionamiento del sistema de crédito, las garantías y el mercado de capitales argentino.
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y acompañada por funcionarios del gabinete nacional, plantea modificaciones sobre más de veinte leyes y decretos, con el objetivo de modernizar instrumentos financieros, incorporar nuevas tecnologías y ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento productivo.
El proyecto fue girado a 4 comisiones: Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda, donde deberá comenzar su tratamiento legislativo.
Según lo anunciado, la propuesta apunta a eliminar restricciones que dificultan las actividades económicas, promover la competencia y fortalecer la seguridad jurídica.
Desde el Ejecutivo sostienen que los cambios permitirían reducir costos de transacción, facilitar inversiones y adaptar la legislación argentina a nuevas modalidades de financiamiento digital.
Uno de los principales ejes del proyecto es la incorporación de herramientas tecnológicas al régimen de títulos valores, mediante modificaciones al Código Civil y Comercial.
La iniciativa introduce el principio de neutralidad tecnológica, que permitirá instrumentar derechos tanto en soportes físicos como digitales, reconociendo expresamente la utilización de registros distribuidos y tecnologías como blockchain. Esto abriría la posibilidad de representar digitalmente determinados activos financieros, facilitar su transferencia y desarrollar nuevos mecanismos de negociación.
La denominada tokenización de activos consiste en representar digitalmente derechos sobre bienes o instrumentos financieros mediante unidades registradas en sistemas tecnológicos. De acuerdo con los fundamentos oficiales, la intención es que la legislación no imponga una tecnología específica, sino que establezca condiciones de seguridad y validez jurídica para permitir el desarrollo de nuevas soluciones financieras.
Entre las modificaciones más relevantes aparece la reforma del régimen de letras de cambio y pagarés. El proyecto habilita la emisión de pagarés con cláusulas de actualización vinculadas a índices objetivos o unidades de valor, superando la exigencia tradicional de establecer una suma fija. Además, contempla la posibilidad de emitir instrumentos cuyo cumplimiento se realice mediante la entrega de bienes fungibles, como granos, minerales u otros productos, siempre que se definan las condiciones de cantidad, calidad y fecha de entrega.
Según sus impulsores, esta herramienta podría resultar especialmente relevante para actividades productivas como la agricultura y la minería, al permitir estructurar financiamiento vinculado directamente con bienes de producción. Al respecto, el Gobierno afirmó que se tomó como referencia la experiencia de Brasil con la Cédula de Producto Rural, utilizada para facilitar el financiamiento de actividades agropecuarias.
La propuesta también establece que las cláusulas de actualización no afectarán la posibilidad de ejecutar judicialmente estos documentos.
La reforma también propone ampliar las posibilidades de negociación de instrumentos financieros que actualmente tienen limitaciones operativas. En el caso de los cheques y cheques de pago diferido, se prevé actualizar las normas para permitir su negociación mediante nuevos agentes y mecanismos autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Asimismo, se habilitaría un mercado secundario para certificados de plazo fijo de largo plazo, permitiendo que los inversores puedan obtener liquidez mediante su transferencia sin necesidad de cancelar anticipadamente la colocación.
Otra modificación alcanza a las operaciones comerciales realizadas con tarjetas de crédito. El proyecto establece que las entidades emisoras deberán generar títulos valores electrónicos representativos de las ventas efectuadas por los comercios, de manera que esos derechos de cobro puedan negociarse como instrumentos financieros.
Para el Ejecutivo, esta alternativa permitiría ampliar las fuentes de financiamiento comercial y reducir la dependencia de los mecanismos tradicionales de descuento de cupones.
Uno de los capítulos centrales de la iniciativa propone una reforma integral del régimen de prenda con registro.
El texto amplía el universo de bienes y derechos que podrán utilizarse como respaldo de operaciones crediticias, incorporando activos virtuales, software, derechos de propiedad intelectual, acciones, cuotas sociales, participaciones en fondos comunes de inversión y créditos futuros. También introduce la posibilidad de constituir prendas flotantes sobre inventarios, cuentas bancarias, cobranzas y flujos de fondos futuros.
De esta manera, el Ejecutivo consideró que empresas y productores podrían utilizar una mayor variedad de activos para respaldar sus solicitudes de financiamiento.
El proyecto contempla además mecanismos judiciales específicos para ejecutar garantías constituidas sobre activos digitales, incluyendo órdenes de inmovilización o transferencia dirigidas a billeteras virtuales, plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de activos virtuales.
Otra de las principales novedades es la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías, una red nacional interoperable destinada a centralizar la inscripción de prendas y otros gravámenes. El nuevo esquema reemplazaría parte del sistema territorial vigente y funcionaría bajo supervisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La propuesta contempla la participación de entidades registradoras públicas o privadas y establece que la prioridad de las garantías se determinará mediante el momento exacto de su inscripción, incluyendo fecha, hora, minuto y segundo. Apuntaría a simplificar los procedimientos, mejorar la información disponible para los acreedores y otorgar mayor seguridad jurídica a las operaciones.
La Ley de Competitividad Financiera también propone modificaciones de alcance significativo en la regulación del mercado de capitales. Entre ellas, incorpora el reconocimiento legal de valores negociables representados digitalmente y habilita su negociación mediante tecnologías de registros distribuidos.
Además, amplía las competencias de la Comisión Nacional de Valores sobre los proveedores de servicios de activos virtuales y propone simplificar determinados procedimientos de autorización de oferta pública, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
En paralelo, se introducen cambios en el régimen de Fondos Comunes de Inversión, permitiendo la representación digital de cuotapartes y habilitando expresamente inversiones en activos virtuales, de acuerdo con las condiciones que establezca la CNV.
En tanto, moderniza los fideicomisos financieros, las obligaciones negociables y los mecanismos de financiamiento colectivo. En este último segmento, propone reemplazar el esquema actual de plataformas por la figura de Agentes de Financiamiento Colectivo, ampliar los instrumentos disponibles y flexibilizar requisitos de funcionamiento.
Uno de los objetivos centrales de la reforma es mejorar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar mayores dificultades para obtener financiamiento.
En este sentido, la propuesta modifica el régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyME, ampliando de 15 a 21 días el plazo de aceptación tácita y flexibilizando determinadas exigencias formales que pueden dificultar su utilización.
También contempla nuevas modalidades de negociación electrónica de cheques, pagarés, warrants y otros instrumentos, mediante plataformas habilitadas.
Estas modificaciones buscan facilitar que las empresas puedan transformar sus derechos de cobro y otros activos en herramientas para obtener capital de trabajo.
Para sectores productivos regionales, como la agroindustria y la minería, las nuevas modalidades de garantías podrían ampliar las alternativas de financiamiento respaldadas por producción, inventarios o ingresos futuros.
No obstante, su impacto dependerá de las condiciones que finalmente apruebe el Congreso y de la reglamentación posterior.
El proyecto también incorpora disposiciones fiscales que alcanzan a determinados instrumentos de inversión.
Entre ellas, propone eliminar beneficios tributarios para ciertos certificados representativos de activos del exterior, conocidos como CEDEAR, adquiridos desde el 31 de octubre de 2026.
Según los fundamentos oficiales, el cambio busca evitar diferencias impositivas que favorezcan determinadas inversiones extranjeras frente a instrumentos locales.
Asimismo, contempla modificaciones en los beneficios aplicables a fideicomisos y fondos destinados al financiamiento inmobiliario y al crédito hipotecario.
Estas disposiciones podrían modificar el tratamiento fiscal de determinadas inversiones, por lo que su alcance definitivo dependerá del texto que resulte aprobado.
La reforma también propone eliminar normas que el Ejecutivo considera desactualizadas o absorbidas por otros marcos regulatorios.
Entre ellas figuran disposiciones sobre prenda agraria, sociedades emisoras y sociedades de capitalización y ahorro.
A su vez, contempla transferir al Banco Central funciones de autoridad de aplicación relacionadas con las Sociedades de Garantía Recíproca y la Factura de Crédito Electrónica MiPyME.
La intención oficial es reorganizar competencias regulatorias y simplificar el marco normativo del sistema financiero.
Con sus 240 artículos, la Ley de Competitividad Financiera plantea una transformación de numerosas herramientas utilizadas por bancos, empresas, inversores y productores para acceder al crédito y operar en el mercado de capitales.
La incorporación de activos digitales, nuevas modalidades de garantías, instrumentos vinculados a la producción y mecanismos electrónicos de negociación constituye uno de los ejes principales de la propuesta.
Desde el Gobierno consideran que estas modificaciones permitirán movilizar activos que actualmente tienen dificultades para utilizarse como respaldo financiero, bajo la premisa de transformar el denominado capital inmovilizado en nuevas oportunidades de crédito.
Sin embargo, la iniciativa todavía debe atravesar el debate parlamentario, donde podrán introducirse modificaciones a su contenido.
Su eventual aprobación y posterior reglamentación determinarán el alcance real de los cambios y sus efectos sobre el financiamiento de las PyMEs, las actividades productivas y el desarrollo del mercado de capitales argentino.
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