“La minería responsable requiere reglas claras y control efectivo, y esta modificación avanza en esa dirección”, expresó la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) al destacar la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara Baja del Congreso.
La entidad consideró que el pronunciamiento de diputados nacionales constituyó “una decisión de gran relevancia institucional, productiva y ambiental para la Argentina”, señalando un nuevo rumbo en virtud de las modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
“Se trata de un avance para incrementar la previsibilidad normativa, indispensable para el desarrollo de una industria estratégica para el país, capaz de crear empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales, al tiempo que impulsa el fortalecimiento de la cadena federal de proveedores mineros”, expresó la CAEM.
Esta actualización normativa, según la cámara, permite establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial, y clarificando dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control. “Esto contribuye a despejar ambigüedades que durante años generaron incertidumbre, manteniendo la protección de los recursos hídricos”, señaló mediante comunicado.
“La industria minera argentina ratifica su compromiso absoluto con la preservación del agua y del ambiente, y con el cumplimiento de los más altos estándares internacionales. La minería responsable requiere reglas claras y control efectivo, y esta modificación avanza en esa dirección”.
La CAEM manifestó además que valora especialmente que esta iniciativa “haya logrado un respaldo político amplio y diverso, a partir de una mirada estratégica compartida sobre la necesidad de poner en valor los recursos para impulsar el desarrollo productivo, la generación de empleo y la transición hacia una matriz económica más diversificada”.
A su entender, tal modificación “reafirma el rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de los recursos naturales, fortaleciendo un federalismo ambiental efectivo, tal como lo establece la Constitución Nacional”. Agregó que este aspecto resulta central para una gestión territorial adecuada, con conocimiento local, participación de las comunidades y articulación con los gobiernos provinciales.
“Confiamos en que esta decisión, adoptada con una mirada de largo plazo, permitirá destrabar inversiones relevantes, avanzar en nuevos proyectos y consolidar una minería moderna, sostenible y alineada con los desafíos del desarrollo argentino”.
Finalmente, CAEM recalcó su “disposición a trabajar junto a los gobiernos nacional y provinciales, las comunidades y la sociedad, para que la minería continúe siendo un motor de crecimiento, desarrollo regional y generación de oportunidades para todo el país”.