La Dirección General de Aguas duplicará las denominadas zonas de prohibición en Chile durante este año, pasando de 30 a por lo menos 70.
En medio de quejas de comunidades locales y el cambio climático, el mayor productor mundial de cobre planea implementar medidas que dificultarán a las mineras el bombeo de agua dulce.
La Dirección General de Aguas duplicará con creces las denominadas zonas de prohibición en todo el país este año de 30 a por lo menos 70, según su director general, Óscar Cristi. No se pueden otorgar nuevas licencias dentro de las zonas de prohibición y cualquier extensión de los permisos existentes deberá ser aprobada por autoridades ambientales.
"Hay áreas donde hay minería que van a estar dentro de las nuevas zonas de prohibición", explicó Cristi, quien declinó identificar las áreas para evitar posibles especulaciones sobre los derechos de agua. "En algunos lugares, las mineras pueden extraer más que el nivel de recarga y eso amenaza la sustentabilidad del acuífero".
El desierto de Atacama en el norte del país, el lugar más árido de la Tierra, alberga algunas de las minas de cobre y litio más grandes del planeta. Si bien ocasionalmente se ve azotada por lluvias intensas e inundaciones, la región se ha vuelto más seca en las últimas décadas, según la DGA. Al mismo tiempo, se espera que la demanda de agua de las mineras aumente a medida que disminuyen las leyes de los minerales, lo que obliga a procesar más material para mantener los niveles de producción.
En respuesta, las mineras construyen grandes plantas desalinizadoras y se espera que el uso de agua de mar se triplique de aquí a 2029, según el pronóstico más reciente de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Pese a eso, el uso de agua dulce en las minas gigantes del país crecerá un 12% para 2029, agregó Cochilco.
El plan de la DGA para incrementar las áreas de protección del agua es parte de una reforma de mayor alcance que incluye la realización de estudios independientes para determinar los niveles de agua en 10 cuencas distintas. Por el momento, la agencia depende de la información contenida en los informes de empresas a la hora de otorgar los derechos de agua.
"Caso complejo"
Esto ha demostrado ser un desafío en Atacama. La mina de cobre más grande del mundo, Escondida, cuenta con permiso para extraer 1.400 litros por segundo y promete reducir la tasa a 640 litros desde 2020 y hasta 2030, según documentos oficiales. Bajo la órbita de BHP, quiere dejar de usar agua fresca en Chile para 2030 y el año pasado inauguró una planta desalinizadora de US$3.400 millones que extrae agua de mar a 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta la mina.
Los niveles de agua en los salares de Atacama son ahora más bajos que antes de que comenzaran las operaciones mineras hace décadas, afirmó Cristi. Si las compañías reducen su consumo de agua, las cuencas podrían recuperarse a niveles previos a la actividad minera en 2040, según cálculos de la DGA.
Las comunidades locales no están de acuerdo y piden al gobierno que rechace las solicitudes de las compañías para seguir extrayendo agua. "Cada compañía tiene un modelo hidrogeológico diferente y todos están diseñados para echarle la culpa a la minera de al lado si bajan los niveles de agua", explicó Felipe Lerzundi, abogado que representa a la comunidad de Coyo en el proceso. "Los humedales se secaron, el medio ambiente fue dañado. Para los salares y las comunidades locales ya es demasiado tarde".