El tratamiento de esta iniciativa en la Cámara Baja será ejecutado a través de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La misma, aprobada por el Senado por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención el pasado 26 de febrero, tiene como principales ejes la definición de glaciar y ambiente periglacial, delegando además el control y “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”.

Así, dispone que También, establece el registro de ambiente glaciar o periglacial de cada jurisdicción en el Inventario Nacional de Glaciares, y donde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales – IANIGLA, podrá eliminar una zona determinada según su cumplimiento o no de funciones hídricas.

En este punto, la oposición y entidades ambientales objetaron que dejar fuera de un inventario a un lugar determinado habilitaría la posibilidad de exploración y producción minera e hidrocarburífera, si así lo autoriza cada provincia.

El interbloque Unidos exigió una audiencia pública antes del pase a la firma del dictamen, por lo que el oficialismo dio lugar y se reordenó el cronograma del tratamiento del proyecto de modificación de la ley.

Con el arranque del análisis, todo se encamina para el martes 10 de marzo, donde se realizará una audiencia pública y se escucharán a especialistas y representantes de distintos sectores. Según lo previsto, el miércoles 11 a las 12, se efectuará el plenario entre Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la consecuente firma de dictámenes, mientras que la presidencia de Diputados busca convocar a la primera sesión ordinaria el jueves 12 de marzo, para aprobar este marco normativo.

Cabe recordar que el pedido de audiencia pública fue elevado por integrantes de Coalición Cívica, Encuentro Federal y Provincias Unidas, invocando al artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

La nota encabezada por Ferraro fue acompañada con la firma de Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.

Al respecto, el legislador “La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, dijo el legislador Maximilano Ferraro. Acompañó con la firma su par de Jujuy, María Inés Zigarán, y también los parlamentarios Nicolás Massot, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.

Otras entidades que reclamaron por la audiencia pública fueron Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad, Aves Argentina, y el Círculo de Políticas Ambientales.