La agenda se cumple luego de la apertura de esta instancia desde las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

La inscripción permanecerá vigente hasta el 20 de marzo, mientras que las jornadas presenciales se ejecutarán el miércoles 25 y las virtuales el jueves 26. Entendiendo el amplio volumen de inscriptos, la oposición solicitó a las autoridades de la Cámara Baja que se amplíen los días de audiencias: la decisión no se conoció hasta el momento.

Cabe recordar que La Libertad Avanza aplazó los tiempos en la sanción de la reforma a la Ley de Glaciares. Las advertencias sobre una eventual judicialización por no cumplir con el paso de las audiencias públicas provocaron la dilación en analizar el proyecto en el recinto inmediatamente, teniendo en cuenta lo estipulado por la Ley de Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en 2020.

Con media sanción a fines de febrero en el Senado -con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención- este marco legal reafirma que los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para la recarga de cuencas y el abastecimiento de agua para consumo humano, producción agrícola, conservación de la biodiversidad, investigación científica y turismo.

Ratificando su carácter de bienes públicos, el dictamen del Senado establece que su preservación se sostiene en el art. 41 de la Constitución Nacional, que trata el uso racional de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras. Crea además el Inventario Nacional de Glaciares para identificar y monitorear glaciares y geoformas periglaciales, con la participación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y la coordinación con las provincias.

Asimismo, consolida el principio precautorio, por el cual todos los cuerpos incluidos en el inventario permanecerán protegidos hasta que estudios técnico-científicos determinen si cumplen o no funciones hídricas estratégicas. Al mismo tiempo, mantiene la prohibición de actividades que puedan afectar significativamente la condición natural de glaciares y ambientes periglaciales (tales como proyectos extractivos o infraestructura no esencial); dispone que toda intervención deberá someterse a evaluaciones de impacto ambiental previas y con participación ciudadana obligatoria, entre otros aspectos.