La implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en una herramienta necesaria para garantizar seguridad jurídica y competitividad, según afirmó el referente.

“El RIGI era necesario, en un país que no ha cumplido en términos generales con sus disposiciones, y en materia minera claramente no ha cumplido con la Ley de Inversiones Mineras”, sostuvo el presidente de la CAEM, recordando que este marco proporciona a los inversionistas “un porcentaje de libre disponibilidad de divisas para atender sus obligaciones”, una carga tributaria competitiva e incluso la opción de litigar en el exterior, tomando como antecedentes los “incumplimientos del pasado”.

Sin embargo, Cacciola aseveró: “dicho esto, tenemos que aplicar esta ley con mucho criterio: acá los beneficiados tienen que ser los argentinos, en términos generales, y en eso tenemos que trabajar todos”.

“Después, ver en cuanto a la preeminencia para ingresar a los trabajos; lógicamente las provincias mineras, las comunidades, la región, la Nación. Pero el beneficio tiene que ser para los argentinos”, insistió el referente.

En este marco, reflexionó que la minería se ha legitimado ante la opinión pública en los últimos años, identificando a los minerales críticos con el cuidado del planeta, y donde la actividad es protagonista en la electromovilidad, la reducción de emisiones de carbono y la transición energética. “Todos los fantasmas que se habían creado en su momento respecto de la minería han quedado apartados, no digo definitivamente, pero tenemos que ser cuidadosos por cómo avanzamos”, expresó.

 

“Estamos de acuerdo con las prioridades, pero en desacuerdo con los privilegios. Tenemos que avanzar en forma ordenada, no somos protagonistas ni decisores, pero tenemos que acompañar un proceso que esperamos sea ordenado y lo menos traumático posible”.

Exploración y sostenibilidad: un llamado a la continuidad de los proyectos

Para Cacciola, otro tema crucial es la falta de exploración -especialmente en oro y plata- teniendo en cuenta que se trata de una de las principales actividades exportadoras del país. Así lo refleja el último informe oficial (octubre 2024): en el acumulado de los primeros 9 meses del 2024 los minerales metalíferos sumaron exportaciones por USD 2.613 millones (el oro aportó USD 2.125 millones, la plata USD 437 millones y el resto de los metalíferos USD 51 millones)

“Tenemos yacimientos maduros que van declinando permanentemente su producción. Tenemos que ser inteligentes y tomar medidas que estimulen la posibilidad que Argentina pueda ser un país receptor de inversiones y aún más: que los proyectos que están hoy funcionando puedan tener la seguridad y la confianza de que necesitan explorar mucho más para extender la vida útil de sus proyectos”, advirtió Cacciola.

Agregó que desde la CAEM ya se han presentado propuestas al respecto, con el objetivo de garantizar la continuidad y sostenibilidad del sector. “Queremos que se lleguen a acuerdos que permitan que haya interés en desarrollar nuevamente oro y plata en Argentina”, dijo a Jujuy Económico.

Según datos de la entidad, unas 9 minas de oro y plata –situadas en Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz- producen actualmente unas 70 mil onzas al año, pero mantener la actividad implicaría triplicar la exploración en ambos recursos en razón de unos 500.000 metros por año, con presupuestos que oscilarían los US$ 426 millones. Así, Argentina podría escalar como país explorador a nivel global, ubicándose hoy en el 7° lugar.

En cuanto al cobre –otro mineral clave- se buscan nuevos horizontes desde el cierre de mina La Alumbrera, en 2018. De hecho, la Mesa del Cobre había señalado a mediados de este año que el sector podría movilizar inversiones por más de US$20.000 millones y generar exportaciones adicionales de US$9.000 millones anuales, si se logran activar 6 de los 8 megaproyectos en marcha. Como los niveles exploratorios no avizoran condiciones favorables para los metales, el sector empresario marcó la urgencia de incentivar o reemplazar a aquellas operaciones que finalizarían -en algunos casos- en 3 o 4 años.

“Hoy todo se concentra en el RIGI, pero no tenemos que olvidarnos del resto”, recalcó Cacciola al marcar la necesaria búsqueda de alternativas para que “la licencia social –principalmente en la producción de oro y plata- no se pierda”.

Finalmente, expuso que el logro de una sinergia real entre las empresas, los trabajadores y los gobiernos provinciales y nacionales es esencial para el desarrollo minero.

“Hay un convencimiento generalizado de que algunas decisiones en este momento están en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es clarísimo y no voy a entrar en detalles, pero es la realidad. Creo que en las provincias se ha avanzado muchísimo en lo que puede y no puede la minería. Habrá factores a ajustar, pero hoy las decisiones exceden el marco provincial”, concluyó.