En un contexto donde las pymes jujeñas y argentinas conviven con altos niveles de incertidumbre jurídica, costos crecientes y la conocida industria del juicio, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral, incluyendo aportes de la Unión Industrial Argentina. Se aspira a una reforma que apunte a desactivar los principales obstáculos que hoy frenan el empleo formal y la inversión productiva.
Se espera que el debate legislativo, en sesiones extraordinarias, avance en este tema hasta el 30 de diciembre. Desde la Oficina presidencial, y mediante comunicado, se exigió al Congreso otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa", hacia un sistema que "genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos".
El documento destaca que el actual sistema se sostiene sobre “estructuras propias de una etapa industrial de los años 70”, lo cual derivó en “un estancamiento crónico del empleo formal” y afectó especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan “altos costos derivados de la litigiosidad”. Con este diagnóstico, el proyecto propone un marco más simple, digital, previsible y adaptado a la dinámica económica actual.
Entre los puntos que más expectativa generan en el sector empresarial se encuentra la simplificación de la registración laboral, un proceso que quedará unificado bajo ARCA para evitar requisitos duplicados y reducir cargas administrativas. También se precisa la base de cálculo de las indemnizaciones, una demanda histórica de las pymes, buscando “disminuir la conflictividad vinculada a los rubros” que deben considerarse en juicios.
Otro cambio central es la reafirmación del Principio de Responsabilidad Objetiva, que implica que los reclamos por daños y perjuicios no podrán tramitarse por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los empresarios, este punto representa un freno directo a la industria del juicio, que multiplicaba indemnizaciones a través de canales paralelos.
El proyecto crea además los Fondos de Asistencia Laboral, una herramienta financiera que permitirá ordenar costos indemnizatorios y reducir el riesgo contingente asociado al cese laboral, incorporando un aporte del 3% que será administrado por entidades supervisadas por la CNV. Esta medida, afirma el texto, desincentiva la litigiosidad y elimina una de las principales barreras a la contratación en sectores intensivos en empleo.
En materia impositiva y productiva, la iniciativa introduce amortización acelerada, devolución anticipada de IVA para inversión y una reducción del impuesto a las ganancias corporativas, con alícuotas del 27% y el 31,5%. Además, elimina varios impuestos internos considerados distorsivos.
La industria local, en particular los sectores comercio, agroindustrial y minero de Jujuy, ve en este proyecto un posible punto de inflexión para la competitividad regional.
El documento concluyó que la Argentina “decidió cambiar” y el Congreso tiene la oportunidad de “terminar con cien años de decadencia” mediante un marco laboral moderno, estable y de pro-inversión.
