El gobierno nacional retomó la intención de impulsar la adhesión de Argentina al convenio Upov- 91, enunciado con Estados Unidos. Así, busca actualizar la ley nacional que rige desde 1973, asegurando la asimilación del sistema a estándares internacionales. No obstante, este punto se asienta una discusión histórica entre empresas semilleras y productores, por el uso propio de las semillas.

El tema toca de lleno a la práctica del “uso propio” e informal de semillas, donde los productores guardan parte de su cosecha para volver a sembrar en temporadas siguientes, sin pagar regalías adicionales por el uso genético, y evitando la eventual “concentración del negocio” en multinacionales. En frente, empresas de investigación y desarrollo reclaman que este sistema impide recuperar inversiones en la materia, frenando mejoras en rendimientos y otros aspectos claves para el agro. 

Al respecto, hasta trascendió un proyecto de la Mesa de Enlace que redefiniría el uso propio de semillas y reforzaría el rol de los entes rurales en el control del sistema. La propuesta a seguir es que sea pago, salvo para productores de hasta 500 hectáreas; y fijando un tope de 3 multiplicaciones con precio acordado por contrato, limitando el cobro de regalías, y bloqueando cargos adicionales por biotecnología (asumiendo que el valor de la semilla agotaría la propiedad intelectual).

La Ley de Semillas volvió a instalarse en la agenda oficial, durante la reciente Jonagro, en Buenos Aires. Luego de las palabras del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, el ministro Federico Sturzenegger abordó diversas medidas impulsadas por el presidente Javier Milei, incluyendo la iniciativa de cambiar el rol del Instituto Nacional de Semillas (INASE). La entidad dejaría de ejercer la fiscalización directa -trasladando esta “potestad” al sector privado- y asumiría una tarea arbitral.

“El INASE va a quedar como un tribunal de alzada cuando hay conflicto”, dijo el funcionario, ratificando la intención de modificar el control y regulación del mercado de semillas en Argentina.

En el mismo sentido, apuntó a avanzar en legislación que otorgue garantías respecto a derechos sobre las semillas. A su entender, tal criterio permitirá a los productores el acceso a genética con más calidad y rendimiento.

A modo de ejemplo, comparó la producción algodonera argentina con la de Brasil, afirmando que falta de protección sobre patentes impactó negativamente en la productividad local, y remarcando que el país podría “duplicar la producción” de este rubro si incorpora “genética de mayor potencial".

Con varios ejes en debate para llegar a un acuerdo, trascendió finalmente que, desde sectores de la dirigencia rural, se considera necesario una mayor discusión del tema, opinando que no sería oportuno aun adherirse al tratado Upov- 91, ya que la permanencia de Argentina en el actual Upov - 78 también posibilitaría reconocer los derechos de propiedad intelectual en semillas.