Representantes del comercio, la hotelería y la gastronomía jujeña advirtieron sobre una combinación que está poniendo contra las cuerdas a numerosas empresas: caída del consumo, elevada presión tributaria, mayores costos operativos y una creciente competencia informal. Aseguran que un comercio textil con dos empleados necesita facturar al menos $30 millones mensuales solamente para alcanzar el punto de equilibrio y cuestionan que los controles se concentren sobre quienes ya están dentro del sistema formal.
La situación de las empresas jujeñas, especialmente de aquellas vinculadas al comercio, la hotelería y la gastronomía, atraviesa un escenario complejo en el que la caída de la rentabilidad comienza a convertirse en el denominador común.
Así lo plantearon Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy, y Alejandro Bustamante, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Jujuy, durante una entrevista en el programa "Política a las brasas" transmitido por Canal 4.
Ambos dirigentes pusieron el foco sobre un concepto que excede el precio de la mercadería: el costo empresario de permanecer dentro de la formalidad. Impuestos nacionales y provinciales, tasas municipales, alquileres, salarios registrados, aportes y contribuciones, servicios y habilitaciones conforman una estructura que, según señalaron, se vuelve cada vez más difícil de sostener cuando las ventas disminuyen.
Boglione fue contundente al dimensionar el peso de los impuestos sobre las empresas del sector.
“Tenemos entre tributos nacionales, provinciales y municipales más de un 50% de carga tributaria sobre la facturación que tenemos”, afirmó.
El empresario contrastó esa situación con otros destinos turísticos que, según afirmó durante la entrevista, soportan niveles cercanos al 20%. Para el sector hotelero y gastronómico, esta diferencia repercute directamente sobre la capacidad de competir tanto con destinos internacionales como con operadores que funcionan fuera de la formalidad.
Bustamante agregó otro componente: la caída del poder adquisitivo modificó los hábitos de consumo y empujó a muchos compradores hacia alternativas más económicas. En ese contexto, el comercio formal debe competir contra vendedores que no afrontan la misma estructura impositiva, laboral y administrativa.
El dirigente utilizó un ejemplo concreto: mientras una remera puede costar $20.000 en un comercio formal, en uno informal puede encontrarse a $10.000 o incluso $5.000. La diferencia, sostuvo, no necesariamente responde a un mayor margen del comerciante registrado, sino a los costos que debe afrontar para mantenerse dentro del sistema.
Uno de los cuestionamientos más fuertes de la entrevista estuvo dirigido a la fiscalización de la actividad económica.
Bustamante aseguró que la problemática de la informalidad es planteada de manera permanente ante organismos provinciales, municipales e incluso ante ARCA, pero sostuvo que las soluciones no llegan.
“Como decimos siempre, cazan en el zoológico”, expresó.
La metáfora resume el planteo empresario: los controles recaerían principalmente sobre quienes ya se encuentran registrados y son fácilmente identificables por los organismos fiscales y laborales, mientras una parte importante de la actividad informal permanece fuera del alcance de esas fiscalizaciones.
“Los únicos que controlan somos los que estamos legalmente registrados y estamos dentro de la formalidad, y el resto ejerce una competencia absolutamente desleal con la cual a nosotros es imposible competir”, sostuvo Bustamante.
Más adelante volvió sobre el concepto al enumerar inspecciones y obligaciones que recaen sobre los establecimientos registrados: controles laborales, fiscales y municipales; habilitación comercial; seguridad alimentaria; gestión ambiental; cartelería; bomberos; Ingresos Brutos; tasas de salubridad e higiene y cánones, entre otros conceptos.
Uno de los datos más gráficos surgió cuando se consultó cuánto debe facturar actualmente un comercio para sostener su estructura.
Tomando como referencia un comercio textil con dos empleados, Bustamante estimó que necesita facturar como mínimo $30 millones mensuales para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, para no ganar ni perder.
“Tiene que facturar mínimamente, con dos empleados, mensualmente 30 millones”, explicó.
Y aclaró inmediatamente que se trata de $30 millones “para salir empatado”, sin rentabilidad.
Durante el intercambio se estimó además que para comenzar a obtener algún margen de rentabilidad la facturación debería ubicarse aproximadamente entre $50 millones y $60 millones mensuales.
El problema aparece cuando se desagrega esa facturación. Sobre una venta hipotética de $60 millones, explicaron, aproximadamente $30 millones podrían corresponder al costo de mercadería. Sobre el resto pesan IVA, Ingresos Brutos, salarios, aportes y contribuciones, alquileres y otros gastos.
La conclusión expresada durante la entrevista fue que, aun alcanzando semejante nivel de ventas, el margen final puede resultar reducido frente al capital invertido y al riesgo empresario.
La caída de las ventas comienza a mostrar consecuencias concretas. Bustamante aseguró que un relevamiento realizado meses atrás había detectado alrededor de 100 comercios cerrados en San Salvador de Jujuy, considerando el centro y algunos barrios.
“Hoy yo creo que ya estamos en los 150 comercios que se han cerrado”, afirmó.
El dirigente aclaró que no se trata de un cierre generalizado, pero advirtió que cada persiana que baja implica puestos laborales perdidos, ingresos que desaparecen y proyectos comerciales que, en muchos casos, resultan muy difíciles de recuperar.
A esto se suma el endeudamiento tributario. Según relató, existen comerciantes con embargos de ARCA que terminan afectando toda la cadena de pagos. Durante la entrevista se mencionó incluso el caso de una comerciante que habría recibido un embargo luego de atrasarse cinco días en aportes y contribuciones.
La prioridad, explicó Bustamante, termina siendo decidir entre salarios, proveedores, alquileres y obligaciones fiscales cuando las ventas ya no alcanzan para cubrir todos los costos.
La situación puede llegar al extremo de consumir el patrimonio acumulado durante años.
“Muchos no están teniendo rentabilidad, están comiendo su propio capital”, señaló.
Según Bustamante, existen empresarios que incluso tuvieron que vender propiedades para mantener abiertos sus comercios. Cerrar tampoco resulta sencillo: implica afrontar indemnizaciones y regularizar deudas tributarias, entre otras obligaciones.
El sector turístico muestra una aparente paradoja: puede registrar buenos niveles durante fines de semana largos o temporadas puntuales y, sin embargo, mantener una rentabilidad insuficiente durante el resto del año.
Boglione sostuvo que un hotel necesita, en términos generales, una ocupación promedio superior al 60% o 70% para funcionar normalmente.
Sin embargo, al referirse específicamente a Jujuy señaló: “El promedio anual de ocupación estamos hablando ahora de un 40, 50% como mucho”.
También indicó que la realidad varía según la zona y que la Quebrada puede presentar mejores niveles que San Salvador de Jujuy. El empresario reconoció avances en promoción y posicionamiento turístico de la provincia, pero insistió en diferenciar los récords de determinados fines de semana del promedio de ocupación anual.
La informalidad también representa una preocupación central para la hotelería.
Boglione presentó cifras correspondientes a agosto de 2026 y aseguró que en Jujuy se habían identificado 1.609 alojamientos informales. Según los datos expuestos durante la entrevista, 1.090 registraron reservas, acumulando 12.267 noches de alojamiento solamente durante agosto, con ingresos estimados en US$657.000.
“Estos 657 mil dólares mensuales no aportó a nadie, no tributaron ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, ni a nivel municipal, y perjudicaron a los formales”, afirmó Boglione.
El representante hotelero señaló que cuentan con información geolocalizada proveniente de plataformas de alojamiento y sostuvo que el objetivo no debería ser expulsar a esos prestadores del mercado, sino incorporarlos a la formalidad.
A nivel nacional, durante la entrevista se mencionó una cifra de alrededor de un millón de noches reservadas mediante la plataforma analizada y unos US$62 millones mensuales vinculados a esa operatoria informal, de acuerdo con los datos expuestos por Boglione.
Los representantes empresarios reconocieron medidas provinciales destinadas a aliviar parcialmente la carga fiscal.
En hotelería se mencionó una reducción del 50% de Ingresos Brutos, mientras que para determinados segmentos comerciales se hizo referencia a la Ley 6512, Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal al Comercio de la Provincia, con reducciones que, según se explicó en la entrevista, llegan al 100% en las primeras categorías y al 50% en las siguientes.
Bustamante también indicó que mediante líneas de financiamiento para emprendedores y microempresas ya se habrían otorgado cerca de $1.800 millones.
Sin embargo, desde las cámaras consideran que estas herramientas funcionan como un alivio transitorio y no atacan la raíz del problema.
“La crisis es que no hay demanda, no hay consumo”, resumió Bustamante.
La entrevista dejó expuesto un problema que atraviesa transversalmente al comercio, la hotelería y la gastronomía jujeña: la brecha entre el costo de operar formalmente y el de quienes desarrollan la misma actividad fuera del sistema.
El reclamo empresario no apunta solamente a una reducción de impuestos. También plantea la necesidad de revisar tasas, costos laborales y administrativos, fiscalización y mecanismos para incorporar a la economía formal a quienes actualmente desarrollan actividades comerciales o turísticas sin afrontar obligaciones equivalentes.
En ese escenario, la expresión “cazar en el zoológico” sintetiza el malestar de las cámaras: mientras las empresas registradas enfrentan impuestos, tasas, inspecciones y mayores costos operativos, la informalidad continúa compitiendo por el mismo consumidor.
Para los representantes empresarios, el desafío pasa entonces por equilibrar las condiciones: reducir el costo de permanecer formal y, al mismo tiempo, ampliar la base de quienes cumplen las reglas, antes de que la pérdida de rentabilidad continúe traduciéndose en cierres de empresas y destrucción de empleo.
Actualmente se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, según advirtió un informe de Fundación Mediterránea. La entidad señaló el impacto de la informalidad y el envejecimiento en la sostenibilidad del sistema previsional argentino, donde se modificó la estructura de aportantes.
Diversas cuestiones administrativas y legislativas fueron abordadas entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.
La creciente registración de trabajadores y empleadores y “la necesidad imperiosa de avanzar en los sectores productivos donde todavía se trabaja en la informalidad” fueron aspectos analizados por la UATRE provincial ante la Delegación Jujuy del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
“Se puede observar en las rutas con el traslado de los trabajadores en medios de transporte no autorizados donde viajan en forma hacinada sin el distanciamiento social correspondiente y en el campo trabajan sin cumplir con los protocolos correspondientes”, dijo el delegado provincial jujeño de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Alfredo Yusgra.
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