Dicho certificado es concebido por el sector como una herramienta clave para regular el ingreso de maquinaria y equipos usados al país.

En líneas generales, la eliminación del Cibu posibilita que los importadores ya no tengan que tramitar un permiso especial para ingresar bienes usados que están incluidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur. En esa lista, entre otros rubros, está la maquinaria industrial, motores, calderas, transformadores eléctricos, tractores y equipos agrícolas, generadores, embarcaciones, drones y aparatología médica.

Ante este panorama, la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un fuerte rechazo hacia la medida. Aseveró que el hecho de autorizar el ingreso de maquinaria usada, sin que pase por los controles técnicos, de calidad y seguridad a los que es sometida la producción nacional, "constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores y calidad de los productos, así como una competencia absolutamente desleal”.

En este último aspecto, la decisión impacta en quienes vienen apostando por la innovación, la capacitación de sus recursos humanos y la incorporación de tecnología. Así lo hizo saber además la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

“Medidas como esta no sólo desincentivan esa dinámica virtuosa, sino que además erosionan las condiciones de desarrollo de los sectores productivos más comprometidos con el agregado de valor y la producción local”, precisó la entidad.

Aludió al peso específico del sector metalmecánico santafesino, que cuenta con más de 2.000 fábricas distribuidas a lo largo del territorio provincial, generando más de 50.000 empleos directos. Las empresas abastecen al mercado interno y son proveedoras para diversas cadenas de valor, que van desde la agroindustria, el petróleo y el gas, hasta la minería, la construcción, el transporte y la energía.

La Federación se sumó al reclamo de la UIA y de otras cámaras sectoriales, solicitando al gobierno nacional una revisión urgente del decreto.