Sábado, 30 Mayo 2026

La reforma y la presidencia de Bronzovich fueron confirmadas en el INTA, en medio del reclamo: “¿modernizar para quién?”

A través del Boletín Oficial, Nación oficializó la reforma en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ratificando a Nicolás Bronzovich al frente del organismo. “La nueva versión del INTA se vuelve dependiente, discrecional, verticalista y con un alto riesgo a transformarse en autocrática”, denunció el director nacional, Ariel Pereda.

A través del Decreto 466/2025, firmado por el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el INTA se convierte en un ente desconcentrado, sin autarquía y con una estructura directiva claramente diferenciada.

Bronzovich, ingeniero agrónomo, presidirá el organismo “con rango y jerarquía de secretario”, dependiente directamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. En tanto, su par profesional María Beatriz "Pilu" Giraudo que antes ejercía la vicepresidencia, fue designada como Consejera Técnica "ad honorem".

La reorganización del INTA busca “corregir” una estructura "sobredimensionada", en medio de reclamos oficiales que marcaban la pérdida del "rumbo estratégico" del instituto y su enfoque en investigaciones "más de carácter sociológico que técnico", entre otros aspectos que motivaron el rechazo contundente de múltiples sectores públicos y privados.

“El INTA que no queremos”

Para el director nacional del INTA, Dr. Ariel Pereda, si bien el decreto presidencial no elimina formalmente al organismo, “modifica su esencia” y no propone una reforma, sino “una transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta” al entender que no se desmantela un organismo técnico, sino “una institución pública federal, con prestigio internacional, profundamente meritocrática, con una rica historia de logros y una legitimidad construida desde la participación territorial”.

“Lo que está en riesgo no es una estructura administrativa, es una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país. ¿Cómo se destruye una institución sin cerrarla? Eliminando su autonomía, quitando poder a sus representantes territoriales, borrando la voz de la academia y reduciendo la de los productores en el Consejo Directivo. Con esta reforma, el INTA queda bajo el mando directo del gobierno de turno, con una mayoría automática en la toma de decisiones y un presidente con rango de secretario que concentra todo el poder”, sentenció el referente.

A su entender, “la nueva versión del INTA se vuelve dependiente, discrecional, verticalista y con un alto riesgo a transformarse en autocrática”. Al cuestionarse qué se puede esperar, adujo: “que se promuevan y financien sólo las líneas que generen rentabilidad inmediata o que cuenten con lobby privado”, asumiendo que “las economías regionales, los productores familiares y los saberes locales quedarán fuera del radar”, no por falta de mérito sino por “falta de rédito”.

“El gobierno justifica esta intervención con datos erróneos o tergiversados. Hablar de 932 cargos jerárquicos; de un crecimiento del 100% de su planta en los últimos 20 años; de poseer 110.000 hectáreas de las cuales en 65.000 no se sabe que pasa; o de la existencia de 3.000 vehículos. Es falso. Pero que encima de todo esto, se afirme y argumente que el INTA había perdido su rumbo, con líneas de investigación libradas a criterio de cada investigador no sólo es falso, no sólo desconoce la planificación y determinación de las líneas estratégicas definidas en conjunto con los consejeros en todo el país, sino que es sumamente ofensivo. Por si fuera poco, sumado a ello, se desconoce el trabajo cotidiano, austero y comprometido de miles de técnicos, personal de campo, extensionistas e investigadores que hacen del INTA una institución de referencia nacional e internacional”, aseveró el director.

Reclamando la falta de diálogo, Pereda recalcó que el sector cuenta con un plan estratégico institucional y planes de mediano plazo, elaborados junto a los Consejos y que incorporan procesos de mejora continua, innovación y evaluación “siempre dispuestos a revisarlos”, por lo cual “lo que falta no es modernización” y “lo que molesta, parece, es la autonomía”.

“El nuevo decreto permite borrar del mapa las agencias de extensión rural. No sólo desaparecen cerca de 300 espacios de trabajo territorial, desde Ushuaia a La Quiaca, sino también las redes de trabajo con municipios, asociaciones de productores y otras organizaciones locales”.

El director marcó además que “se podrían eliminar los Centros Regionales, ámbito de diálogo directo, de articulación de acciones y de apoyo a los gobiernos provinciales”, así como “los consejos locales, que orientaban las decisiones desde el territorio y garantizan el vínculo inmediato con el sector”. Así, consideró que “lo que va a quedar es un INTA centralizado en Buenos Aires, con mirada única y foco preeminente en la pampa húmeda”, donde el resto del país pierde representación, presencia, capacidad de desarrollo y futuro.

“Cuando se analiza la creciente injerencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en este proceso, la sospecha se vuelve legítima, ¿esto se trata de mejorar para el desarrollo de más ciencia y tecnología hay otro tipo de intereses detrás?”, cuestionó.

Aseguró que el INTA “está siendo desmantelado con una mezcla de soberbia, ignorancia y oportunismo”, agregando que “no se trata de sostener privilegios” sino de “defender a una institución pública, federal, meritocrática, científica-tecnológica y democrática que hace 7 décadas trabaja brindando conocimiento, tecnologías, innovación para el desarrollo de un sector agrobioindustrial más justo, diverso y sustentable”.

Concluyó que “modernizar no puede ser sinónimo de arrasar” y que “gobernar no puede ser sinónimo de imponer”.

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