La actividad se desarrollará en la Sala 2 del Anexo C, con exposiciones presenciales y virtuales, así como con transmisión de los medios oficiales del congreso. La audiencia es convocada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025.

La primera jornada contará con unas 180 exposiciones presenciales, mientras que otras 180 intervenciones se realizarán de manera virtual el jueves 26. Ante la magnitud del interés ciudadano, el horario originalmente previsto, de 10 a 19, fue ampliado para permitir cerca de 200 exposiciones diarias, lo que llevará a que el proceso completo insuma más de 28 horas de audiencia.

El inicio de las audiencias se produce luego de que la Justicia rechazara un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 consideró que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado para frenar un acto parlamentario y dejó firme el cronograma definido por Diputados.

El registro cerró con un total de 102.116 personas inscriptas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. Además de las exposiciones en vivo, todos los anotados tuvieron la posibilidad de presentar ponencias por escrito o a través de videos de hasta cinco minutos, material que quedó incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate.

Las autoridades de la Cámara explicaron que las exposiciones presenciales y virtuales fueron asignadas a los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de asegurar la representación de las 24 provincias. Ese criterio fue cuestionado por sectores de la oposición y por organizaciones ambientales, planteos que derivaron en las acciones judiciales finalmente rechazadas.

Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto en forma inmediata, en un debate que promete ser uno de los más sensibles del año en materia ambiental y constitucional.