La eliminación de este requisito administrativo quedó establecida a través de la Resolución 233/2026, como parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.

Desde el SENASA se recalcó que tal medida apunta a “suprimir normas redundantes que generen sobrecostos innecesarios para el sector productivo”.

Así, delimita su intervención, anunciando que “circunscribe sus habilitaciones estrictamente al ámbito de sus competencias sanitarias específicas”. A su entender, evita tanto las superposiciones con exigencias de provincias o municipios como la duplicación de documentación, facilitando la estandarización de los procedimientos en todo el país.

No obstante, aclara que tal flexibilización no implica una eliminación de las obligaciones locales, por lo cual los productores, empresas y actores de la cadena agroalimentaria deberán cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad, higiene y uso del suelo.

Trascendió finalmente que tal decisión busca agilizar trámites sin relajar los estándares sanitarios, reforzando la responsabilidad del sector privado en garantizar la inocuidad de la producción.