Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por legisladores de LLA propone fijar por ley los requisitos constitucionales que deben cumplir las tasas municipales, evitando cobros sin servicio concreto y la única finalidad recaudatoria.

La iniciativa es impulsada por la diputada Patricia Vásquez y otros legisladores oficialistas apunta a un régimen de validez constitucional para las tasas municipales en el país, unificando criterios a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El texto establece que las tasas sólo podrán exigirse cuando exista una prestación de un servicio público concreto, individualizado y razonablemente proporcional al monto cobrado, que reporte un beneficio directo al contribuyente o a un bien determinado. Prohíbe además la creación o aplicación de tasas que operen como “impuestos encubiertos” o no tengan vinculación directa con el servicio brindado.

Entre los requisitos esenciales de validez, la iniciativa enumera la existencia comprobable de la prestación estatal, la identificación del contribuyente como destinatario directo del servicio y la proporcionalidad razonable entre el costo del servicio y el monto exigido. Además, impone a los municipios la carga de probar la efectiva prestación, su individualización y su costo, tanto en sede administrativa como judicial.

Caso contrario, se entiende que las tasas sin estos requisitos afectan “de manera ilegítima el derecho de propiedad y pueden alcanzar carácter confiscatorio”, por lo que se habilita la nulidad de las ordenanzas municipales y el reclamo de repetición de las sumas indebidamente abonadas.

Vásquez y sus pares firmantes mencionaron fallos recientes de la Corte Suprema: los casos Gasnor contra la Municipalidad de La Banda; Compañía Química contra una comuna bonaerense, y la declaración de inconstitucionalidad de la denominada “ecotasa” en 2024.

El proyecto subraya que la autonomía provincial y municipal reconocida por el sistema federal no es absoluta y “no habilita la creación de tributos que vulneren principios constitucionales básicos”, por lo cual “corresponde al Congreso garantizar una protección homogénea del derecho de propiedad en todo el territorio nacional”.

“Sin desconocer las competencias locales”, el proyecto invita a provincias y municipios a adherir al régimen y dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación: “no busca sustituir la potestad tributaria municipal, sino fijar límites claros que eviten abusos y refuercen la seguridad jurídica de contribuyentes, empresas y ciudadanos frente a los cobros locales”.