La Cámara Argentina de Empresas Mineras manifiesta su total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger “los Glaciares y el ambiente Periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”. Así quedó plasmado en el artículo 1° de la Ley 26.639 (“Ley de Glaciares”), dado que éste fue el espíritu de los debates legislativos que precedieron a la sanción de dicha ley. No hay dudas y el consenso es unánime: los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan “reservas estratégicas de recursos hídricos” deben protegerse.

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara Alta del Congreso la iniciativa que busca “clarificar” el alcance de la Ley 26.639 y reforzar el rol de las provincias en la gestión ambiental. El proyecto redefine el objeto de protección, introduce cambios en las prohibiciones y otorga mayor centralidad a las autoridades locales en la evaluación de impacto ambiental.

La Ley de Glaciares no necesita ser derogada ni flexibilizada: necesita ser aclarada. Así lo afirmó el Dr. Favio Casarín, geólogo, abogado y académico que consideró que la norma nació “con origen más oportunista que técnico” y hoy sus ambigüedades amenazan con bloquear USD 15.000 millones en proyectos de cobre y litio.

“El tema central es que construyamos un proceso de crecimiento donde los actores involucrados hagan lo que tienen que hacer, y hoy está en manos del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales” afirmó el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, al enunciar la necesidad de avanzar en la modificación de la ley de Glaciares, las retenciones cero al litio y la plata e infraestructura para la industria; la competitividad en cadenas de proveedores y el “compre local”.

El Congreso será escenario para ratificar el nuevo Acuerdo Federal Minero firmado entre Nación y 17 provincias, y para el análisis de una nueva ley de glaciares, a sabiendas que en Argentina hay 16.986 glaciares en la Cordillera de los Andes e Islas del Atlántico Sur, algunos vinculados estrechamente con el desarrollo minero.