Los pedidos de acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo para la designación de esos 14 funcionarios de la justicia más uno de la Dirección Provincial de Vialidad, se dieron luego de una serie de entrevistas durante el año pasado.

Los funcionarios designados fueron los abogados Roberto Marcelo Savio Cravero como Defensor Penal Público Jurisdicción de Palpalá, Augusto Ezequiel Elgoyhen como Defensor Penal Público Jurisdicción San Pedro, Matías Fernando Mora García, Rodrigo Gabriel Fernández Ríos, Juan Luis Sorbello y Guillermo Miguel Beller como Agentes Fiscales de Investigación Penal Preparatoria.

También Leila Edith Rodríguez como Fiscal Especializado en Violencia de Género (Sede Humahuaca), Natalia Fabiana Segovia y María Emilia Cuerten Haquim como Fiscales Especializados en Violencia de Género (Sede Dpto. Dr. Manuel Belgrano), Augusto Sebastián Baiud Luraschi como Fiscal Especializado en Violencia de Género (Sede San Pedro de Jujuy).

Además fueron ratificados Romina Celeste Núñez como Fiscal Especializado en Violencia de Género (Sede Perico), Norma Pamela De Las Cruces como Juez de Control en San Pedro de Jujuy, Sergio Martín González como Juez de Control - San Pedro de Jujuy, Guillermo Marcelo Bulacios como Vocal de la Dirección Provincial de Vialidad y Pablo Gabriel Read como Juez Administrativo de Minas.

Gabriela Burgos, diputada de la Unión Cívica Radical, dijo que la aprobación es parte del proceso. “Se aprobaron en forma unánime”, dijo sobre las designaciones. “Así tratamos de darles las herramientas necesarias a la justicia para que sea más ágil y transparente”.

Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, comentó que los postulantes rindieron los concursos de oposición y antecedentes ante el tribunal de evaluación. “Son profesionales que cumplen con los requisitos constitucionales, legales y personales para cubrir los cargos”, destacó Tizón.

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La Sesión, que fue presidida por el vicegobernador Carlos Haquim, contó con la presencia de 39 diputados, quienes también aprobaron la Resolución N° 28 que otorga el desafuero de la diputada Débora Juárez Orieta solicitado por el juzgado de Control N° 6 y la suspensión en sus funciones mientras dure el proceso judicial.

“Siempre que hubo pedidos de desafuero, fueron acatados basándonos en la normativa constitucional y reglamentaria”, dijo Gabriela Burgos. “Nunca hubo negación de la Cámara para acatar una medida de esta naturaleza”, dijo y agregó que los fueros “son de la Cámara para proteger la soberanía e independencia, no son para los legisladores”.