Los cambios en el sistema que funciona hace unos 30 años para avalar créditos bancarios o del mercado de capitales a MiPyMEs limitados en garantías propias, despertaron múltiples alarmas en el ámbito privado.

En principio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación ante esta reforma del régimen fiscal, incorporada en el artículo 10 de la ley de Reforma Previsional que sancionó el Congreso la semana pasada. Para la entidad, la medida "impactará negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas".

Al respecto, aseguró que "el 33% de las pymes acceden a un crédito" a través de este tipo de sociedad.

En igual sentido, la Unión Industrial Argentina también reclamó la revisión del artículo 10, entendiendo que la anulación de beneficios en el Impuesto a las Ganancias e IVA para integrantes y usuarios del sistema desalentará aportes de empresas inversoras y encarecerá el acceso al crédito y financiamiento para miles de pymes. Según la UIA, las SGR amortiguan la retracción crediticia en momentos de incertidumbre económica y sostienen recursos para proyectos viables que, sin este mecanismo, quedarían excluidos.

Mediante un informe, la institución remarcó que el entramado de garantías recíprocas avaló la toma de financiamiento de 100.000 pymes, con un monto activo de $2,85 billones, por lo cual si se mantienen estos cambios aprobados en la Cámara Alta se desactivará "una de las mayores herramientas de acceso financiero y sostenimiento de empleo e inversión en el país". Aclarando que el sistema puede mejorar en eficiencia y cobertura, hizo hincapié en la centralidad de las SGR para financiar pymes en regiones donde el crédito escasea.

La UIA remarcó además que en Argentina el crédito al sector privado alcanza sólo el 11% del PBI, frente al 60% en países vecinos y más del 100% en Chile, entendiendo que esta restricción de financiamiento "obstaculiza inversiones y limita la posibilidad de las empresas de expandirse o competir". Asimismo, precisó que entidades desarrolladas o de escala regional pueden ofrecer préstamos de hasta 7 o 10 años enfocados en inversión, mientras que el plazo promedio del crédito argentino se limita a 24 o 36 meses, elevando costos y restringiendo el margen de maniobra productiva. 

"De las más de 42.000 pymes con aval vigente, el 94% pertenece a los estratos micro y pequeño, y el 77% encuentra salida crediticia vía bancos o cheques de pago diferido".

Se espera que, tal cual adelantó el presidente Javier Milei, la norma sancionada el 10 de julio último sea vetada. 

Cabe mencionar que la UIA sugirió finalmente revertir la eliminación de beneficios fiscales, fortalecer el apalancamiento en instrumentos de calidad y "ajustados a la realidad pyme", crear espacios de diálogo entre empresarios, mercados, SGR y sector público para abrir la oportunidad de nuevas reglas y optimizar el uso del gasto fiscal.