En la última modificación que realizó sobre el presupuesto, el Poder Ejecutivo redujo en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales y rebanó a las provincias casi $130.000 millones en transferencias corrientes y de capital para obras públicas.

Ambos recortes forman parte de una poda más amplia por un total de $493.591 millones (0,4 punto del PBI), la cual quedó oficializada en la decisión administrativa (DA) 23/25 del jueves pasado.

Con estos recortes el Gobierno espera consolidar un superávit financiero de $754.744 millones. A contramano, la oposición en el Congreso cree necesario aflojar el torniquete fiscal tras un año de fuerte ajuste y, en abierto desafío al presidente Javier Milei, buscará insistir este miércoles en la Cámara de Diputados en la ley de financiamiento a las universidades. En paralelo, en el Senado, los opositores intentarán rechazar este jueves el veto a la ley de coparticipación del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que redundaría en fondos frescos para las 24 provincias.

Indiferente a los reclamos opositores, el Gobierno dispuso reducir todavía más el gasto y lo focalizó en un área por demás sensible: el Ministerio de Capital Humano. En efecto, casi la mitad del recorte que dispuso en la DA 23/25 afecta a la cartera que conduce Sandra Pettovello, a la que le rebanó $207.540 millones.

Así lo consigna la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que detalla que los programas más afectados son la gestión y asignación de becas a estudiantes (-$44.270, 26 millones); Desarrollo de la Educación Superior (universidades) en poco más de $40.000 millones e infraestructura y equipamiento (-$12.451 millones).

En las provincias

Los giros no automáticos a las provincias también se vieron afectados. De acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno redujo en $17.477 millones las transferencias corrientes; dentro de ese recorte figuran $7104 millones en concepto de ATN.

Este punto promete generar polémica entre los gobernadores. En efecto, los mandatarios provinciales sostienen que la mitad del fondo de los ATN les corresponde a las provincias y acusan al Gobierno de repartir solo una mínima parte de esa caja millonaria entre los gobernadores más afines.

La discrecionalidad en esta distribución quedó patentizada, una vez más, el viernes pasado, cuando transfirió $ 12.500 millones a cuatro provincias, dos de ellas aliadas electorales del oficialismo (Entre Ríos y Chaco). Los gobernadores de los otros dos distritos beneficiados –Misiones y Santa Fe- no pactaron con La Libertad Avanza, pero forman parte del lote de las provincias que supieron acompañar al Gobierno en varias de sus leyes en el Congreso.

Fuente: La Nación