Lucila Lasry y Luis de Benito proponen repensar el impacto de las grandes inversiones extractivas desde una perspectiva de largo plazo: no sólo cuánto empleo, infraestructura o ingresos generan durante su operación, sino qué capacidades permanecen en el territorio cuando el recurso se agota. La mirada adquiere especial relevancia para Jujuy y la cuenca de Cauchari-Olaroz, donde distintos proyectos comparten infraestructura, trabajadores, comunidades y oportunidades de desarrollo.
Para ello, parten de una premisa: las grandes inversiones mineras tienen capacidad para transformar profundamente la economía de los territorios donde se instalan. Generan empleo, movilizan proveedores, impulsan infraestructura, producen ingresos fiscales y crean oportunidades económicas que difícilmente existirían sin la explotación de los recursos naturales.
Pero esa transformación enfrenta una condición inevitable: los minerales son recursos finitos.
A partir de esta realidad, Lucila Lasry y Luis de Benito abren una discusión que adquiere especial importancia para las provincias mineras argentinas. En su trabajo "Del Legado Territorial al Legado Intergeneracional", publicado en este mes, los especialistas analizan cómo convertir parte de la riqueza generada durante un ciclo extractivo en capacidades que puedan sobrevivir al propio recurso.
Lasry es especialista en gobernanza territorial y desarrollo institucional, con más de 15 años de experiencia en industrias extractivas de gran escala. Hoy se desempeña además como Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicación Institucional de EXAR. Por su parte, De Benito es ingeniero especializado en infraestructura y grandes proyectos de energía y minería, con más de 3 décadas de experiencia internacional.
Su punto de partida es una pregunta sencilla, pero decisiva: ¿qué debería quedar en el territorio cuando el recurso que generó esa riqueza ya no esté?
Durante la etapa de construcción y operación de una mina, los beneficios económicos son visibles. Hay inversión, empleo, demanda de servicios, infraestructura y mayor movimiento económico.
Sin embargo, para Lasry y De Benito, el verdadero desafío comienza cuando se incorpora el tiempo a ese análisis.
Una ruta puede permanecer después del cierre de una mina, pero su capacidad para generar desarrollo dependerá de la economía que exista alrededor de ella. Una escuela puede mejorar el acceso a la educación, pero su impacto será diferente según las capacidades desarrolladas por la comunidad. Incluso un fondo financiero puede perderse si no existen reglas capaces de proteger su patrimonio y orientar adecuadamente su utilización.
Por eso, los autores sostienen que:
“El desafío, entonces, no consiste solamente en generar riqueza durante el período de explotación”.
La clave está en lograr que una parte de esa riqueza temporal pueda convertirse en capacidades que permanezcan cuando la actividad que le dio origen disminuya o desaparezca.
Lasry y De Benito denominan a este proceso “legado territorial”. Y ese legado excede ampliamente la obra pública o la infraestructura vinculada directamente con una mina. Puede incluir capital humano, capacidades institucionales, diversificación económica, conocimiento, conectividad, servicios públicos y otras formas de capital que aumenten las posibilidades de un territorio de sostener su propio desarrollo.
Este enfoque introduce un cambio relevante para el análisis económico de la actividad minera. Producción, exportaciones, inversión, regalías, recaudación, empleo y proveedores continúan siendo indicadores fundamentales. Pero Lasry y De Benito incorporan una segunda dimensión: cuánto de ese valor logra permanecer después de la explotación.
“En lugar de preguntarnos únicamente cuánto genera un proyecto, debemos preguntarnos qué parte de ese valor logra convertirse en una capacidad permanente para el territorio”.
Esto implica pensar el impacto minero más allá del balance económico anual o de la vida útil de un yacimiento.
Una empresa puede capacitar trabajadores para sus operaciones, por ejemplo, pero esas competencias permanecen en las personas. Un proveedor que alcanza nuevos estándares tecnológicos y de gestión para abastecer a una minera puede posteriormente ofrecer sus servicios a otras industrias. Una infraestructura creada inicialmente para un proyecto puede facilitar nuevas actividades económicas.
La cuestión central pasa entonces por determinar cuánto de lo construido alrededor del recurso consigue adquirir vida económica propia.
Lasry y De Benito diferencian tres niveles que ayudan a comprender esta transformación.
1) El capital de proyecto: aquello que una inversión necesita para poder desarrollarse y operar.
2) El capital territorial: compuesto por las capacidades, infraestructura, servicios, instituciones y condiciones que permiten que una región pueda desarrollarse más allá de un proyecto determinado.
3) El capital intergeneracional: aquella parte del valor generado durante la explotación que puede preservarse para que las generaciones futuras también se beneficien de una riqueza producida por un recurso que ya no estará disponible.
Desde esa perspectiva, los autores plantean que:
“El objetivo no debería ser simplemente extraer un recurso de manera eficiente y distribuir la renta que genera”.
La propuesta es utilizar parte de esa riqueza temporal para aumentar de manera permanente las capacidades del territorio.
Esta discusión adquiere una dimensión particularmente cercana para nuestra provincia, ya que Lasry y De Benito incluyen —entre las experiencias analizadas— el proceso actualmente en desarrollo en la cuenca de Cauchari-Olaroz, una de las principales áreas vinculadas a la producción de litio de Jujuy.
Allí aparece un fenómeno cada vez más importante para comprender el desarrollo de las regiones mineras: cuando existen varios proyectos dentro de un mismo territorio, las fronteras entre las inversiones individuales comienzan a ser insuficientes para explicar su impacto.
Los proyectos pueden compartir caminos, energía, agua, trabajadores, proveedores, servicios públicos, infraestructura, instituciones y, especialmente, comunidades. Sin embargo, la planificación suele continuar organizada alrededor de cada proyecto.
Cada compañía desarrolla sus propios programas de relacionamiento comunitario, capacitación o inversión social; identifica necesidades de infraestructura y establece vínculos con las comunidades relacionadas con sus operaciones.
El riesgo, según Lasry y De Benito, es que existan numerosas iniciativas valiosas de manera individual sin que necesariamente conformen una estrategia común de desarrollo.
“El resultado puede ser una suma de iniciativas razonables que, consideradas individualmente, generan valor”.
A su entender, la diferencia está en lograr que esas iniciativas contribuyan también a una estrategia para el territorio en su conjunto.
La experiencia de Cauchari-Olaroz permite observar otra posibilidad. Lasry y De Benito destacan la formación de referentes comunitarios impulsada por una empresa junto con el Ministerio de Minería de la Provincia, como un ejemplo de capacidades que pueden superar los límites de quien originalmente las financia.
Una capacitación puede ser coordinada inicialmente por una compañía, pero el conocimiento adquirido no desaparece cuando finaliza el programa, ni pertenece exclusivamente a la empresa que lo impulsó. Permanece en las personas.
Esas capacidades pueden mejorar posteriormente la calidad del diálogo y contribuir a la gobernanza del conjunto de la cuenca.
A medida que participan otros proyectos y actores, explican los autores, la relación deja de ser exclusivamente bilateral —empresa y comunidad— y comienza a adquirir una dimensión territorial.
“Un proyecto puede dejar una obra. Un territorio puede construir una capacidad”.
No alcanza con disponer de recursos económicos. A partir de las distintas experiencias estudiadas, Lasry y De Benito identifican una serie de condiciones que aparecen como determinantes para construir un legado: territorio, diagnóstico, priorización, gobernanza, capacidad de ejecución y preservación del valor en el tiempo.
El primer paso es definir el territorio. Y aquí aparece otro concepto relevante para regiones mineras como la Puna: el espacio sobre el cual se piensa el desarrollo no necesariamente tiene que coincidir con las fronteras administrativas de un municipio o una provincia.
Puede estar definido por una cuenca, una infraestructura compartida, un mercado laboral, un sistema ambiental o por las relaciones económicas y sociales existentes entre distintas localidades.
Después aparece el diagnóstico.
Para los autores, las inversiones deben partir de una comprensión suficientemente amplia de las necesidades, capacidades y oportunidades existentes. De lo contrario, existe el riesgo de invertir simplemente porque existen recursos disponibles, invirtiendo el orden lógico de la planificación.
Primero deberían definirse las prioridades y luego orientar los recursos hacia ellas.
Otro componente central es quién decide. Cuando los efectos de una inversión exceden los límites de un proyecto individual, Lasry y De Benito consideran que ninguna organización puede definir por sí sola todas las prioridades.
La participación de gobiernos, empresas, comunidades y otros actores relevantes puede aportar legitimidad y continuidad a las decisiones.
Pero tampoco alcanza con identificar necesidades. Las prioridades deben transformarse en proyectos ejecutables. Por eso, la capacidad técnica, la gestión de proyectos y la articulación con los mecanismos públicos de contratación y ejecución forman parte de la misma discusión. Y sobre todas esas condiciones aparece una particularmente compleja: preservar el valor en el tiempo.
El verdadero desafío es evitar que toda la riqueza generada durante el período de explotación sea consumida durante el mismo ciclo económico que produjo esa riqueza.
Lasry y De Benito consideran posible crear mecanismos capaces de recibir parte de la riqueza generada por actividades basadas en recursos no renovables, preservarla y orientar una parte de sus rendimientos hacia inversiones destinadas a incrementar las capacidades del territorio.
Una alternativa es un fondo patrimonial territorial. Pero no es la única. También podrían utilizarse mecanismos presupuestarios, contractuales o institucionales diferentes. Para los autores, lo fundamental no es determinar de antemano cuál debe ser el vehículo; tampoco consideran indispensable crear nuevas instituciones.
La gobernanza territorial podría construirse articulando recursos, capacidades y competencias ya existentes alrededor de una visión común de largo plazo e incorporando nuevas estructuras solamente cuando exista una función necesaria que el sistema actual no pueda cumplir.
Además, advierten que esta arquitectura no debería convertirse en una nueva instancia de autorización de proyectos ni duplicar competencias.
La innovación, desde esta perspectiva, pasa fundamentalmente por cambiar la forma de pensar y coordinar el territorio.
“Una parte de la riqueza generada por un recurso temporal debería poder convertirse en capacidades permanentes para el territorio”.
Lasry y De Benito también recurren a experiencias argentinas para mostrar que no existe un único modelo institucional.
El Fideicomiso Municipal de Perito Moreno, en Santa Cruz, constituye uno de los casos analizados. Allí, una contribución asociada a la actividad extractiva se vinculó con un esquema de diagnóstico territorial, priorización, gobernanza y ejecución.
Primero se identificaban las necesidades del territorio y la percepción de la comunidad. Luego se construía una cartera de proyectos y se establecían criterios de priorización.
De esa manera, la existencia de recursos no determinaba automáticamente dónde invertir: el dinero debía responder a necesidades previamente identificadas.
El esquema incorporaba además representantes del sector privado y de instituciones públicas locales y establecía una regla financiera significativa: los proyectos no podían comprometerse sobre ingresos futuros. La disponibilidad efectiva de recursos era una condición para avanzar.
Los autores también analizan el Fondo Fiduciario UniRSE de Santa Cruz, creado para canalizar aportes provenientes de empresas mineras hacia infraestructura, salud, educación, desarrollo productivo y otras prioridades provinciales.
A diferencia del esquema municipal de Perito Moreno, UniRSE presenta una gobernanza más centralizada y permite orientar recursos hacia proyectos de alcance territorial mayor, incluso infraestructura estratégica que supera la capacidad de un municipio.
Las experiencias muestran que la discusión no pasa solamente por cuánto dinero aporta la actividad minera, sino también por quién define su utilización, con qué prioridades, bajo qué reglas y pensando en qué horizonte.
La discusión adquiere especial relevancia para Jujuy, en momentos en que la minería y particularmente el litio ocupan un lugar creciente dentro de su matriz productiva.
La pregunta no debería limitarse a cuánto mineral se produce, cuánto se exporta, cuánto se invierte o cuántos puestos de trabajo genera la actividad. También debería incorporar cuánto del actual ciclo minero puede transformarse en trabajadores altamente capacitados, proveedores competitivos, infraestructura aprovechable por otras actividades, conocimiento, instituciones fortalecidas y nuevas oportunidades productivas capaces de continuar cuando cambie el ciclo de los minerales.
Lasry y De Benito no presentan una receta universal ni realizan una evaluación definitiva de los mecanismos estudiados. Por el contrario, utilizan las distintas experiencias para identificar oportunidades, limitaciones y principios que permitan discutir cómo transformar una riqueza temporal en capacidades territoriales permanentes.
Así, no se trata de elegir entre minería y desarrollo futuro, sino de preguntarse cómo utilizar el período de mayor inversión y generación de riqueza para construir las condiciones económicas que permitan sostener el desarrollo después de ese ciclo.
Una mina puede operar durante décadas. Un yacimiento puede generar miles de millones en inversiones y exportaciones. Una región puede atravesar un período extraordinario de expansión económica. Pero el verdadero legado se medirá por aquello que consiga permanecer.
Lasry y De Benito cierran su reflexión preguntando:
“¿Qué heredará el territorio cuando el recurso que generó esa riqueza ya no esté?”
Para una provincia minera como Jujuy, quizás allí se encuentre una de las discusiones económicas más importantes de los próximos años: no solamente cuánto valor puede generar hoy la minería, sino cuánto de ese valor será capaz de convertirse en desarrollo para las próximas generaciones, según concluyen los expertos.
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