El conflicto de los colectivos del interior del país llegó a la Cámara de Diputados de la Nación, donde la Comisión de Transporte recibió a representantes del Comité Federal de Transporte (COFETRA) y analizaron los pasos a seguir.

“El objetivo es escuchar la situación del transporte público de pasajeros en todo el interior del país, por lo que invitamos al COFETRA para contar con información de la realidad”, explicó el diputado jujeño Jorge Rizzotti, presidente de la comisión.

“Estamos trabajando con la Comisión de Presupuesto para analizar el proyecto del año 2023 y también existe uno para declarar la emergencia que tiene dictamen de la comisión y busca un incremento en los fondos en $59.500 millones”, agregó.

Además, comentó que “se requiere una legislación que establezca una distribución federal”. “Es muy importante tomar decisiones en el transcurso de esta semana”, dijo.

Participaron del encuentro el titular de COFETRA, Franco Mogetta; y funcionarios de transporte de distintas provincias: Marcelo Ferraris de Salta, Osvaldo Miatello y Joaquín Sánchez por Santa Fe, Pablo Giachino de Jujuy, Mariano Plencovich de Córdoba, Jonathan Gallardo de Buenos Aires, Jorge Armendaris de San Juan, Benjamín Nievas de Tucumán y Manuel López de Mendoza.

Además, estuvieron los legisladores Jimena Latorre, Agustín Domingo, Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez, Eduardo Toniolli y Jimena López.

El pedido del transporte

“La situación es de muchísima gravedad en el interior del país y hay una gran desigualdad en los subsidios con el AMBA. Es necesario un nuevo esquema de distribución de subsidios a través de un fondo único con un solo criterio para todo el país”, indicó Mognetta, quien llegó desde Córdoba.

“La situación de grave crisis y de desigualdad entre el interior del país y el AMBA quedó claramente pasmada”, dijo Rizzotti y destacó que “hay una disputa, en el buen sentido de la palabra, que es la defensa del interior ante políticas extremadamente unitarias que, reitero, no sólo tienen que ver con el transporte, nos sucede también con empresas prestadoras de servicios como es el tema de AySA; y planteamos las terribles desigualdades que tenemos”.

“Pudimos dictaminar en una ley declarando la emergencia y la necesidad de incrementar las partidas en $59.500 millones como necesarios para afrontar lo que queda de 2022. Les pido a los diputados y diputadas de esta Comisión que también están en la de Presupuesto, que instemos a que la Comisión trate este dictamen”, finalizó.