Especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) avanzan en una evaluación integral del marco de gobernanza minera de Jujuy. El estudio analizará desde la producción y los ingresos que recibe el Estado hasta el ambiente, la regulación y el cierre de las explotaciones, para posteriormente comparar la situación provincial con estándares internacionales de buenas prácticas.
Jujuy avanza en una revisión integral de sus políticas y mecanismos de gobernanza minera con la participación de especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), una organización internacional que trabaja con gobiernos para fortalecer los marcos legales, fiscales, ambientales y sociales vinculados con la actividad extractiva.
En ese contexto se realizó una reunión en el Ministerio de Hacienda de Jujuy, de la que participaron expertos del IGF, el ministro de Minería, José Gómez, y miembros del equipo económico provincial. El objetivo es obtener un diagnóstico sobre cómo funciona actualmente el esquema minero jujeño y contrastarlo posteriormente con las buenas prácticas contempladas por el organismo internacional.
Juliana Cubillos González, asesora de Política Fiscal Minera del IGF, explicó que uno de los objetivos de la visita es conocer en profundidad qué está haciendo actualmente la provincia a lo largo de toda la cadena de la actividad.
“La idea de esta reunión de hoy es básicamente entender exactamente qué está haciendo Jujuy al día de hoy, en toda su cadena desde el punto de la producción minera hasta cómo se evalúan las regalías y los costos y todo el ingreso público o ingreso fiscal que trae la actividad minera hasta el final de la actividad, o sea, hasta su nivel del cierre”, señaló Cubillos González.
Uno de los aspectos relevantes de la evaluación será el componente económico y fiscal de la minería. Esto supone observar no solamente la producción de minerales, sino también cómo se determinan las regalías, cuáles son los costos involucrados y qué ingresos públicos genera la actividad para el Estado.
El análisis adquiere especial importancia para una provincia como Jujuy, donde la explotación de litio tiene una participación creciente dentro de la estructura productiva y exportadora.
El propio IGF ya había abordado anteriormente los desafíos fiscales asociados al litio argentino. En un análisis publicado en 2024, el organismo señaló la importancia de contar con herramientas adecuadas para determinar precios y calcular correctamente impuestos y regalías, debido a que —a diferencia de minerales como el oro o el cobre— buena parte de las operaciones de litio se realiza mediante contratos privados cuyos precios no siempre son de acceso público.
En ese trabajo, el IGF también destacó el modelo de participación pública de Jujuy a través de su empresa estatal y el uso de herramientas de modelización financiera para proyectar los ingresos derivados de los proyectos de litio.
Si bien Cubillos González trabaja específicamente sobre política fiscal minera, la evaluación que lleva adelante el IGF tiene un alcance considerablemente más amplio.
La especialista anticipó que el proceso concluirá con la elaboración de un informe que permitirá observar la posición de Jujuy frente a los estándares de gobernanza utilizados por el organismo.
“Haremos un proyecto final, un informe final, que hable sobre toda la visión y cómo están ante ese estándar de gobernanza”, explicó.
La evaluación no se limitará a los ingresos públicos. Según detalló Cubillos González, también comprenderá aspectos vinculados con el cierre de minas, la minería a pequeña escala, el ambiente, las leyes, la distribución de los beneficios y la regulación general de la actividad minera.
De esta manera, el diagnóstico permitirá obtener una mirada transversal sobre el sistema minero provincial y detectar tanto fortalezas como áreas susceptibles de mejora.
El trabajo se desarrolla en el marco de la metodología que utiliza el IGF para analizar la gobernanza minera de sus miembros. Su principal herramienta es el Marco de Política Minera (MPF, por sus siglas en inglés), actualizado por los países miembros en 2023 y diseñado para abarcar todo el ciclo de vida de una explotación minera.
El marco internacional se estructura sobre seis grandes áreas: leyes, políticas e instituciones; beneficios financieros; beneficios socioeconómicos; gestión ambiental; transición posterior a la minería; y minería artesanal y de pequeña escala.
Las evaluaciones del IGF buscan precisamente identificar fortalezas, debilidades y brechas existentes en las leyes, políticas y regulaciones mineras. La metodología puede incluir análisis documental, revisión de políticas públicas, visitas a operaciones mineras y consultas con representantes gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Por lo tanto, el informe final previsto para Jujuy no implicará únicamente una revisión de cuánto genera la minería, sino una evaluación más amplia acerca de cómo se administra la actividad durante todo su ciclo de vida y de qué manera sus beneficios económicos, sociales y ambientales son gestionados desde las políticas públicas.
El IGF trabaja actualmente con 86 países miembros, entre ellos Argentina, en el fortalecimiento de leyes, políticas y regulaciones vinculadas con el sector minero.
Su trabajo abarca desde la exploración hasta el cierre de las minas y contempla tanto operaciones de gran escala como minería artesanal y de pequeña escala. Entre sus áreas de acción se encuentran la optimización de los beneficios financieros de la minería, la protección ambiental, el fortalecimiento institucional y la generación de mejores condiciones socioeconómicas vinculadas con el aprovechamiento de los recursos minerales.
La evaluación que se desarrolla en Jujuy permitirá así contrastar el esquema provincial con esos parámetros internacionales y establecer una radiografía de la gobernanza minera local.
El paso siguiente será la elaboración del informe final del IGF, donde quedarán plasmados los resultados del diagnóstico y la situación de Jujuy frente a los distintos pilares del Marco de Política Minera. A partir de ese documento podrán identificarse fortalezas y eventuales brechas en aspectos especialmente sensibles para una provincia minera: regalías e ingresos fiscales, regulación, ambiente, distribución de beneficios y planificación del cierre de las explotaciones.
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