El Reglamento en foco es el de la UE2023/115. En líneas generales, se espera una reprogramación de la puesta en vigencia de dicha normativa, caso contrario se deberá contar con el 100% de la trazabilidad para programar embarques de carnes, harinas, aceites y otros alimentos en un país que hoy no cuenta con tales prácticas de deforestación, salvo aquellas autorizadas formalmente por las provincias y que ya cumplen con estas condiciones, según analizaron desde ese ámbito. Ante este escenario, en el sector productivo aseguraron que la normativa europea "pretende imponerse de manera arbitraria e hipócrita, por encima de nuestra realidad, legislación y soberanía nacional”.

“Sus graves implicancias ameritan un urgente trabajo y acción mancomunada de todos los actores públicos-privados, a los efectos de impedir el avance de esas injustificadas regulaciones para-arancelarias”, expresaron diversas entidades, ello a pesar de poseer “mecanismos" y "fuentes demostrables de información que garantizan la calidad y origen" de alimentos y procesos productivos. Así lo precisaron la ASRC (Corrientes), Cartuc (Tucumán), CHAFOR (Chaco y Formosa), FAAS (Santiago del Estero), FARM (Misiones), Federsal (Salta) y Frepojuy (Jujuy).

Explicaron que en un contexto de "grave crisis económica, social, moral e institucional", con el Gobierno Nacional "cumpliendo con lo prometido", y aunque existe "la mezquindad e irresponsabilidad de algunos dirigentes", se han logrado grandes avances en: “la lucha contra la inflación, desburocratización y eliminación de normas anacrónicas, liberalización de la economía y el comercio, eliminación de algunos derechos para exportar, control del déficit fiscal, y toda otras acciones tendientes a transparentar el accionar estatal”. Ante tal situación, coincidieron en sostener que “llama la atención que pretenda forzarse un sistema de trazabilidad individual, electrónica y total".

"Tal propuesta no consensuada genera controversias entre los que deben soportarla, y no cuenta con las justificaciones suficientes, sobre todo si consideramos que la Argentina posee un sistema de trazabilidad vigente que nos permite exportar a todos los mercados que tenemos disponibles”.

Otra cuestión preocupante para el sector “es la marcha atrás recientemente anunciada, con relación a la implementación de posibles modificaciones al plan nacional contra la fiebre aftosa” -cuyos cambios están en en análisis- ya que se cuenta con "sustento técnico", los "acuerdos generales necesarios" y hasta "una reciente consulta pública, dispuesta por el SENASA”.

“Nos ponemos una vez más a disposición para trabajar en el diseño coordinado de propuestas y acciones, en el marco de los espacios de confianza necesarios para que las cosas ocurran- Hacemos votos para que nuestros dirigentes estén a la altura de su responsabilidad, a efectos de lograr que lo general este por encima del interés particular de algunos países, grupos o actores económicos”, finalizó un comunicado de Feprojuy y del resto de entidades que acompañan este reclamo. 

Cabe mencionar que en idéntico sentido se pronunciaron entes como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) y otras del sector agropecuario argentino.