La ministra consideró que la Ley 26.331 ha sido una de las leyes ambientales más importantes y una herramienta de gestión para evitar la desaparición de los bosques nativos.

"Frente a las dificultades que tienen la mayoría de las jurisdicciones para recibir los fondos previstos en la ley, por incumplimientos en las rendiciones de fondos de años anteriores y el retraso en la actualización de sus ordenamientos de la masa boscosa, Nación ha buscado introducir el debate de la reforma de la Ley".

Destacó el trabajo de la Dirección de Bosques que en su momento fue liderada por Estefanía Sánchez Cuartielles, aclaró que Jujuy y Misiones cumplen acabadamente con la Ley.

“Es necesario generar un mecanismo que permita transferir fondos a las provincias con rendiciones pendientes", expresó la funcionaria al repasar que en el último encuentro del COFEMA se votó por generar un mecanismo que les permita a las provincias ir recibiendo los fondos rendidos, aunque sea parcialmente, como sucedió con los fondos de las convocatorias 2018 y 2019.

"El problema hoy no es la ley, sino los mecanismos burocráticos establecidos para las rendiciones de los fondos" dijo Zigarán y añadió esto ha provocado una "bola de nieve que hoy afecta a la mayoría de las provincias".

"La problemática central respecto a la implementación de la ley de bosques es el incumplimiento histórico del Gobierno de la Nación en la constitución del Fondo de Bosques Nativos. La Nación nunca lo constituyó como dice la ley con el 0,3 del presupuesto y el 2 % de las retenciones a las exportaciones de los productos primarios y por el contrario ha habido una tendencia al desfinanciamiento de la ley".

Al respecto indicó que "si bien los fondos 2021 han experimentado un importante incremento, no llegan ni al 5 % de lo que establece la Ley 26331. No es posible –insistió la Ministra- que hoy por conservar bosques nativos, el presupuesto nacional destine alrededor de 20 pesos por hectárea por año, mientras que para la promoción de los bosques cultivados se destinen 56 pesos".

"Ese es el verdadero debate que hay que dar", dijo Zigarán.

Agregó que Jujuy tiene reparos en las modificaciones propuestas; una de ellas es la eliminación de la categoría verde de los ordenamientos, con lo cual dejarían de existir zonas donde puedan hacerse cambios de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas. A su entender, deben introducirse restricciones, pero no eliminarse la categoría ni establecer prohibiciones de cambios de uso de suelo taxativas, porque eso afectará a las economías de la región NOA y NEA, que tienen más de la mitad de la superficie de bosque de la Argentina.

"Esto puede significar una vulneración a la potestad que tienen las provincias respecto a sus ordenamientos y el manejo de sus recursos naturales, puede afectar el derecho a la propiedad privada y fundamentalmente puede producir impactos en términos de desarrollo, inclusive en comunidades que viven en zonas boscosas".

Además dijo que el proyecto incluye una penalización del desmonte con "una tipificación laxa, abierta que puede ser muy riesgosa en la administración de la justicia penal. Como está redactado es una peligrosa herramienta en una materia tan sensible como el derecho penal que pone en riesgo la libertad de las personas".

También indicó que se pretende transferir a las provincias los fondos de bosques a través de coparticipación. "Jujuy se opone férreamente a este mecanismo, los fondos de bosques deben venir a las provincias de manera directa, pero no estar sujetos a los vaivenes de los fondos coparticipables".

Finalmente la Ministra afirmó que Jujuy considera que deben introducirse modificaciones a la Ley de Bosques Nativos como la consideración del componente de biodiversidad en la asignación de los fondos, y también el enfoque de cambio climático, además de profundizar un enfoque intercultural que ha sido reclamado por los pueblos indígenas.

"Ninguna de estas propuestas está en el proyecto que promueve hoy el gobierno nacional", por eso anticipó que Jujuy dará un fuerte debate al respecto.