Las comisiones de Obras Públicas, Legislación General y Finanzas recibieron a los referentes del Colegio de Ingenieros, Sergio Aramayo y al de la UOCRA, Ramón Ángel Neyra con el fin de avanzar en el tratamiento del Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre el Fomento a la Actividad Económica para la Construcción de Unidades de Viviendas, oficinas y locales de comercio, con participación público – privada.
"Pretendemos escuchar todos los aportes y las posiciones que se tiene respecto a la ley”, dijo el presidente de la Comisión de Obras Públicas Fabián Tejerina. Agregó que tanto los trabajadores de la construcción como el Colegio de Ingenieros “manifestaron su acompañamiento, con sus observaciones que serán aclaradas”, y que se viene percibiendo un acompañamiento en general a la iniciativa destinada a "reactivar la obra pública y darle un marco legal a la inversión y al capital privado, para que inviertan en la construcción de viviendas en la provincia que va destinada a ciertos sectores”.
En tanto, sostuvo que se efectuarán reuniones con el ministerio de Finanzas y Hacienda; y con el ministerio de Infraestructura, a los efectos de "terminar de trabajar en el proyecto y despejar todas las dudas".
Por su parte el secretario general de la UOCRA, Ramón Neyra manifestó: “es un proyecto importante que se está llevando a cabo del sector público y privado, que es importante para nuestro sector por la demanda de compañeros desocupados y esto podría venir a reactivar la obra pública”.
En este marco, enfatizó además: "venimos hacer un planteo sobre los derechos laborales de los trabajadores, sobre el sistema de salud y algunos aportes que pudimos dar para que mejoren las condiciones del trabajador y que pueda salir dentro del proyecto de ley; esperamos que a partir de estos aportes puedan salir cosas importantes”.

A su turno el presidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Aramayo enfatizó el escenario macro, "en momentos en que el Estado Nacional ha descuidado la función del Estado, desfinanciado todos los programas que tienen que ver con la vivienda, con la salud y la educación”.
A su entender, “ esta iniciativa apunta a dar a esa gran demanda que hay en Jujuy de alrededor de 40.000 a 60.000 viviendas, pero que obviamente hay que tener algunos recaudos en cuanto que tampoco el gobierno provincial abandone la función de garantizar la vivienda social”.