Adrián González Charvay, el juez a cargo del Juzgado Federal de Campana, anuló tal resolución. El municipio de Pilar había fundamentado su solicitud en la ley provincial N.º 10.740 y en el acuerdo que mantiene con Edenor para incluir el impuesto municipal en la factura de dicha compañía. Además, mencionó las normativas provinciales que regulan la energía eléctrica y la autoridad del organismo de control (OCEBA) en la región.

Después de revisar la solicitud, el juez federal decidió "acceder a la medida cautelar" y dictar "la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación".

"La medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Ministerio de Economía – Secretaría de Industria y Comercio que produzca el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, en el plazo de tres días de notificado de la presente resolución", agrega el texto.

El miércoles pasado, el Boletín Oficial publicó la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, firmada por el Secretario de Industria y Comercio, Pablo Agustín Lavigne. Esta resolución detallaba los elementos que podían ser incorporados en las facturas de los servicios de electricidad, gas y agua.

La medida ya había sido adelantada en X por el ministro de Economía, Luis Caputo. En su anuncio, el principal responsable de los aumentos tarifarios alertó que "LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS".

La normativa estaba programada para entrar en vigor dentro de 30 días, el plazo previsto para su implementación. Con esta estrategia, el Gobierno esperaba que, en los próximos meses, las facturas de los servicios públicos reflejaran una aparente disminución en los montos a pagar, mientras que las tarifas efectivas continuaban en aumento.