El presidente Javier Milei rechazó la norma aprobada por el Congreso que garantizaba recursos para salarios, becas e infraestructura, argumentando que carece de financiamiento real y que pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Legisladores opositores y sindicatos respondieron; avanza el plan de lucha.
El Gobierno oficializó su decisión a través del Decreto 647/2025, con el veto total al proyecto de ley N° 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto y denominado “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”.
El texto vetado obligaba al Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias de manera bimestral según la inflación, recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, transformar en remunerativas y bonificables todas las sumas adicionales, y reforzar los programas de becas estratégicas y de bienestar estudiantil.
Según los cálculos oficiales, la aplicación de la ley hubiera implicado un gasto adicional de más de $1,06 billones en 2025 y de más de $2 billones en 2026, montos que, de acuerdo al decreto, no contaban con fuentes de financiamiento “concretas, específicas, actuales y suficientes”.
En los considerandos, la Casa Rosada advirtió que aprobar la norma significaría “incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos”, lo que llevaría a financiarlo mediante emisión monetaria, con el consiguiente impacto inflacionario. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, señala el texto firmado por Javier Milei y sus ministros.
El Gobierno defendió la decisión como un ejercicio de la facultad constitucional prevista en el artículo 83, y recordó que la herramienta del veto ha sido utilizada por diferentes administraciones en los últimos 40 años. A su vez, adelantó que será en el Presupuesto 2026, a presentar el 15 de septiembre, donde se discutirá de manera integral el financiamiento del sistema universitario.
Con la devolución del proyecto al Parlamento, el Congreso tiene ahora la posibilidad de insistir con la sanción por mayoría especial, lo que abre un nuevo frente de disputa política. El tratamiento de esta ley había logrado reunir a la oposición dialoguista con sectores del kirchnerismo, en una señal de unidad frente al ajuste universitario.
Esta ley había sido impulsada por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y apoyada por buena parte de la oposición legislativa.
Universidades se preparan para un nuevo plan de lucha
La decisión de Milei se fundaría en la prioridad del equilibrio fiscal, aun cuando se trate de un área altamente sensible y con fuerte impacto social. No obstante, las críticas fueron inmediatas.
El senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad afirmó en sus redes sociales: “el Gobierno persiste en un error que daña las bases del desarrollo argentino (…) Ya lo he dicho y lo reitero: el veto desconoce el reclamo genuino de la sociedad y atenta contra un derecho fundamental. Es inadmisible que, en lugar de fortalecer nuestras casas de estudio, se elija el camino del recorte y el conflicto permanente”.
El diputado de izquierda Christian Castillo pidió que “seamos cientos de miles en las calles cuando se trate en el Congreso. A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”.
En tanto, la diputada Margarita Stolbizer apeló a la ironía, aseverando que “no entendieron nada”.
En Jujuy, los pronunciamientos también fueron contundentes. “Hay veto, hay paro y habrá marcha. El Gobierno Nacional vetó la Ley de Financiamiento Universitario, por eso la FATUN, en consonancia con Frente Sindical de las Universidades Nacionales, convoca al paro, sin concurrencia los lugares de trabajo para el próximo viernes 12 de septiembre y a una nueva Marcha Federal Universitaria para el día en que se trate el veto a la Ley en el Congreso. Sigamos más que nunca en Unidad, Solidaridad y Organización”, expresó APUNJu.
Bajo el mismo lema, el gremio docente concretará su reclamo sin actividades laborales este viernes 12, con previas actividades de visibilización. Así lo confirmó la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu). Además de su adhesión al paro de 24 horas, prepara acciones en el marco de la nueva Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el día que el Congreso trate el veto presidencial.
